Usos y costumbres, NO son muerte ni violencia

En Bolivia nuestros pueblos indígenas originarios y campesinos, aplican su formas culturalmente propias para resolver sus conflictos buscando “conservar la armonía y el equilibrio”, lo que en general se conoce como usos y costumbres; aplicados para restablecer la relación de solidaridad y armonía entre personas, con la naturaleza y la comunidad. Entonces nuestros usos y costumbres no son sinónimo de violencia excesiva, destierro o muerte.

La Constitución garantiza a los bolivianos el derecho fundamental a “la vida”, señalando que “nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes”, además de indicar que en Bolivia “no existe pena de muerte”. En cuanto a nosotras, las mujeres, nuestra Carta Magna expresa que “en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia”.

Sin embargo lo sucedido en fechas recientes en el municipio de Uncía, al norte del departamento de Potosí, pone en tela de juicio la vigencia de los derechos humanos en Bolivia y el real cumplimiento de nuestra Constitución.

Bolivia entera ha quedado pasmada ante la noticia de los abusos cometidos contra Martín Choque, un indígena norte potosino quien por retirar la silla al presidente del partido de gobierno (que acudió a un evento cultural con banderas y vítores propios de una campaña política), fue sometido a abusos donde sobró la violencia contra él y su familia hasta provocar la pérdida de su bebé.

Frente a estos hechos Bolivia reaccionó a unísono, rechazando el uso desproporcionado de la violencia y exigiendo justicia por la pérdida del bebé. La respuesta del partido de gobierno a través de diputados, senadores y delegado provincial, no se dejó esperar, pretendiendo justificar tal inhumanidad con usos y costumbres, explicando que ellos (los indígenas) así resolvían sus problemas.

Los usos y costumbres que ha sido mal usados como pretextos por cobardes para justificar sus acciones, con vejámenes a Martín y su familia, son comparables con aquellas torturas practicadas contras nuestros indígenas al principio de la colonia.

Sólo por pensar distinto Martín perdió su trabajo, sus tierras y a su wawita que venía en camino, obligado a huir y declararse en la clandestinidad.

Mientras tanto la tibieza del Estado indignó a todos, pues Uncía al ser ciudad intermedia, cuenta con presencia del estado a través de instituciones que deberían velar por el derecho a la vida de Martín y su familia, así como el restablecimiento del estado de derecho; tuvo que pasar casi una semana para que se admitan los hechos.

Es urgente cesar la actitud gubernamental de "laissez faire, laissez passer" cuando los delitos se comenten por los militantes del partido del gobierno, hoy por hoy el MAS.

Lograr el reconocimiento constitucional de los usos y costumbres en la administración de justicia, ha requerido un trabajo denodado por las naciones originarias, para que por acciones como éstas, queden minusvaloradas al simple uso y abuso de la violencia; desechando de un plumazo el  qhapaj ñan, suma jakaña, suma qamaña, teko kawi, maraei y ñandereko.

La incomprensión, desconocimiento y silencio cómplice de personas que atacaron a Martín y a su familia; y aquellas que tienen consigo una representación del Estado, evidencia el desconocimiento de la Constitución y la propia la Ley de Deslinde Jurisdiccional que “prohíbe y sanciona toda forma de violencia”, además de establecer claramente “Es ilegal cualquier conciliación respecto de este tema”.

Por lo tanto así Martín o su esposa retiren la denuncia, como lo comprometió el alcalde de Uncía, la investigación debe seguir hasta identificar y sancionar a los responsables; así cumplir con la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.