Mitos y realidades sobre la deuda pública
La deuda es una obligación adquirida que se debe cumplir pagando el monto prestado según las condiciones pactadas. Su creación es un proceso natural de la actividad económica que permite financiar e impulsar el crecimiento económico.
Así como una persona que tiene un salario se presta dinero para comprar o construir una vivienda, o un empresario que acude a un crédito para ampliar su negocio, un país se endeuda para crecer, ampliando su capacidad productiva e infraestructura, crear nuevas empresas que le permitan generar nuevos recursos para el Estado.
Durante las últimas semanas, analistas, economistas ortodoxos y hasta políticos, señalaron erróneamente que la deuda pública del país crece en forma descontrolada y se dedican a aterrorizar a la población, con mitos y predicciones apocalípticas irresponsables, sin haber realizado un cálculo y análisis correcto de la deuda pública total, obviándose aspectos metodológicos relevantes, como el “neteo o consolidación” de las cifras, que consiste en reducir la deuda intrasector entre entidades públicas, a fin de evitar el “error de doble contabilización”, según recomienda el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del FMI.
En efecto, de las interpretaciones incorrectas sobre deuda en artículos de opinión y declaraciones, me he permitido identificar y describir algunos mitos y verdades sobre la deuda pública del país, que describo a continuación:
Mito: “La deuda pública del país supera el 80% del PIB”.
Realidad: Según cifras oficiales de las entidades encargadas de administrar la deuda del país (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Banco Central de Bolivia), la deuda del sector público en 2021 fue de 46% del Producto Interno Bruto (PIB) y actualmente, a octubre de 2022, se encuentra en un nivel similar (45,6% del PIB).
Mito “La deuda pública de Bolivia se encuentra entre las más elevadas de la región”.
Realidad: A octubre de 2022, la deuda pública total de Bolivia representó 45,6% del PIB y se ubica entre las más bajas de América Latina y el Caribe, inferior a economías como Brasil (88,2%), Argentina (76,0%), Costa Rica (67,6%), Uruguay (61,2%), Colombia (61,1%), México (56,8%), entre otras.
Mito: “Si la deuda pública supera el 90% del PIB será insostenible a futuro”.
Realidad: Japón, desde hace muchos años, tiene una deuda pública superior al 200% de su PIB y no ha tenido dificultades. En los últimos 250 años, Inglaterra ha tenido una deuda pública promedio del 100% del PIB, con muchísimos años llegando al 200% y tampoco presentó problemas.
Mito: “La implementación de una verdadera austeridad permitirá acelerar la reducción de la deuda”.
Realidad: Para aminorar la deuda pública, se requiere contar con superávit público, situación deseable pero irreal en el contexto actual, mismo que empeoró con la pandemia del COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania. Países de la Zona Euro, como España, Alemania y Gran Bretaña sólo han tenido superávit público y muy pequeño, en 3 de los últimos 22 años. Francia, Italia y Estados Unidos, casi nunca. Por tanto, el camino más rápido para reducir la deuda en porcentaje del PIB debería ser aumentando el denominador, es decir aumentando el PIB.
Mito: “El gobierno solo habla de deuda externa y se olvide incluir la deuda interna”.
Realidad: Si observamos las cifras oficiales del BCB publicadas en su página web, se tiene que la deuda externa llegó a 30% del PIB a octubre de 2022 y si a este añadimos la deuda interna con el sector privado que representa 16% del PIB en el mismo periodo (fuente MEFP) –es decir, la emitida en el mecanismo de subasta y en donde las AFP´s voluntariamente y por libre decisión invierten–, la deuda del sector público totaliza 46% del PIB. Por tanto, la deuda pública oficial incluye todo lo que debe contabilizarse, tal cual establece el proceso de “neteo o consolidación” de cifras fiscales.
En síntesis, Bolivia, al contar con una deuda pública de 46% del PIB, todavía tiene un margen de endeudamiento público, si se lo quiere comparar con los límites referenciales de organismos internacionales, como la Comunidad Andina (50%) y el Tratado de Maastricht UE (60%), aunque muchos países, como se señaló anteriormente, dejaron de cumplir esos límites. La sostenibilidad de la deuda dependerá de para qué se usen los recursos: si para fomentar la producción y el empleo, o para costear gastos de funcionamiento.
