1,4 Bs la hectárea por quemar ilegalmente

Cada año en el país se queman millones de hectáreas. La temporada de quema se volvió un penoso proceso cíclico en el país, con una proclividad a agudizarse año tras año. Aunque con altibajos, desde la última década existe una línea tendencial a ir aumentando la superficie quemada. Los datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) así lo demuestran. El 2013 en el país se quemaron 2,1 millones de hectáreas, para el 2016 la cifra subió hasta los 5 millones de hectáreas. Si bien en 2017 y 2018 la cifra bajo a rondar los 3,5 millones de hectáreas, para 2019 se alcanzó la tremenda suma de 5,3 millones. Durante el 2021 se quemaron 4,2 millones de hectáreas en todo Bolivia. Esto es, en proporción, equivalente a quemar casi toda la superficie de Dinamarca.

A lo largo de las últimas semanas se registraron varias denuncias de incendios de magnitud en diferentes partes del país, sobre todo en Tarija, Cochabamba y Santa Cruz. Hasta la fecha solo en Santa Cruz ya se tiene registrados unas 1.462 hectáreas afectadas por incendios forestales y hasta un 68% del departamento se encuentra bajo riesgo extremo de ocurrencia de incendios forestales, según el reporte del Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (Satif) de la gobernación cruceña.

Ante la avanzada de las quemas, la ABT determinó autorizar las quemas controladas hasta el 30 de junio. Dicho de otra manera, desde el 01 de julio del año en curso quedó prohibido todo tipo de quema en todo el país. Exceptuando, sin embargo, la Provincia Abel Iturralde en el departamento de La Paz, todos los 19 municipios del Beni y todo el departamento de Pando, los cuales poseen un calendario de quemas controlados departamentalizado.

De esta manera, según aclara la Jefa Nacional de Procesos Judiciales y Administrativos de la ABT, Estephany Moreno, la persona que desarrolle cualquier tipo de quema estaría cayendo en un acto de ilegalidad, y por lo mismo, correspondería una sanción penal y/o administrativa.

La sanción penal recae cuando una quema sobrepasa el predio privado, afectando a otros predios, a tierras fiscales o a áreas protegidas, entro otras. Es decir, un agravante con afectación al Estado, tipificado en el código penal como incendio forestal, con una pena de privación de libertad de dos a seis años.

Mientras que la sanción administrativa es en sí una sanción económica y recae por realizar una quema no autorizada, aun cuando sea una quema controlada, en un predio privado. La sanción económica corresponde a 20 centavos de dólar americano por hectárea, o lo que es igual a 1,4 bolivianos, y se calcula sobre la superficie totalidad del predio. Así pues, según señala la Jefa Nacional de Procesos Judiciales y Administrativos de la ABT, si una persona tiene 1.000 hectáreas y decide hoy quemar una sola hectárea de su predio, esta persona tendría que pagar un total de 1.390 bolivianos.

¿Qué se puede comprar con 1,4 bolivianos? ¿una hectárea quemada, y el daño ambiental que representa, se podrá remediar con apenas 1,4 bolivianos? En todo caso, queda claro que 1,4 bolivianos por hectárea por un acto de ilegalidad es una sanción por demás licencioso y, además, si de quemar ilegalmente se trata, fomenta incluso a más quemas. 

Esta no es la primera vez que la ABT determina medidas de este tipo. A principios del año pasado, la ABT resolvió otorgar permisos de desmonte y quemas hasta el 30 de junio de ese año. Sin embargo, bajo el argumento de apoyar la productividad agrícola y ganadera, y faltando un día para entrar en vigencia, la ABT amplío el plazo para la autorización y ejecución de quemas controladas de desmontes y quema de pastizales hasta el 31 de julio de2021. No obstante, y a pesar que desde el 1 de agosto de 2021 las quemas estaban prohibidas en todo el territorio nacional, en el país se quemaron 4,2 millones de hectáreas.

¿Cómo se explica esta situación? Las dinámicas subyacentes a las quemas en el país son complejas, multidimensionales y en gran medida relacionadas a la implementación de un modelo productivo estructurado desde el mismo gobierno. Desde 2013, el Gobierno central viene impulsando un modelo productivo enfocado en la expansión de la frontera agropecuaria para aumentar la producción de commodities agrícolas de exportación, principalmente soya y carne bovina.

La apuesta de intensificar este modelo productivo implicó la construcción de todo un bagaje legal permisivo a los desmontes y a las quemas para viabilizar la expansión de la frontera agropecuaria. Esto también implicó una desestructuración de las entidades estatales destinadas a gestionar, fiscalizar y proteger los bosques, tales como la ABT. El mismo MMAyA da cuenta de ello al señalar que el 98% de las quemas durante la gestión 2021 fueron sin autorización.

En todo caso, en lo que va de julio de este año (del 01 al 12/07/2022) el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) registró 13.092 focos de calor en todo el país, 1.102 más en comparación a las mismas fechas del año pasado. ¿Cuántos procesos penales se habrán comenzado contra personas que incendian ilegalmente? ¿Cuántos 1,4 bolivianos por hectárea habrá recaudado hasta ahora la ABT?


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