El Gobierno, el plan de desarrollo económico social y la “agricultura familiar”
Desde hace ya varios años, y sobre todo a partir de la incorporación por parte de la FAO del término “agricultura familiar”, los idealizadores de la pequeña parcela campesina han encontrado la tabla de salvación para seguir sosteniendo que ésta es la que aporta de manera sustancial a la producción agrícola en el país y que, por tanto, los planteamientos en sentido de que la producción campesina va teniendo cada vez un menor peso en el conjunto de la producción agrícola, no son evidentes.
Y si bien la tabla de salvación no es muy sofisticada —pues lo que hace es definir la “agricultura familiar” como aquella donde, aunque se hace uso de fuerza de trabajo familiar, se incorpora fuerza de trabajo asalariada y no como aquella que hace uso exclusivo de fuerza de trabajo familiar, que es lo que de manera estricta corresponde— termina tergiversando la realidad de las relaciones sociales de producción en la agricultura, asignando, además, pesos productivos a quienes ya no lo tienen y restando importancia productiva a quienes verdaderamente la tienen.
A partir de este tipo de definiciones y otras que hacen referencia a cortes sobre la extensión de la propiedad agraria o de las superficies cultivadas, asignaciones de ciertos cultivos como propios de la producción campesina o familiar y, en muchos casos, a ojo del buen cubero, en el país se manejan diversos datos acerca de la importancia de la producción agrícola campesina o de la agricultura familiar. Así, mientras algunos sitúan el aporte de la agricultura familiar a la producción agrícola total en un 40%, otros señalan que éste es más bien del orden del 60% o más, remarcando paralelamente —y de manera curiosa— que semejante aporte se hace en unidades productivas con escaso acceso a tierras, baja productividad, bajo nivel de incorporación de tecnología, falta de riego, ausencia de crédito, entre muchos otros factores.
Los datos del último censo agropecuario de 2013, trabajados por el Cedla, muestran, por el contrario, que las unidades productivas agropecuarias que hacen uso exclusivo de fuerza de trabajo familiar, es decir, la “agricultura familiar” strictu sensu, sólo aportan con el 10% del total de la producción agrícola del país. Las explotaciones agropecuarias que combinan trabajo familiar con trabajo asalariado, es decir aquellas de los pequeños capitalistas o, si se quiere, unidades productivas semiempresariales, son responsables del 24,8% del total de la producción agrícola.
Y las unidades productivas típicamente capitalistas o empresariales, que son aquellas que producen con el concurso exclusivo de fuerza de trabajo asalariada, producen el 65,2% del total de la producción agrícola del país. Esto quiere decir que la producción de la “agricultura familiar” tiene cada vez menos peso y que, en realidad, son mayoritariamente los obreros agrícolas asalariados, es decir, los trabajadores directos contratados por las explotaciones agrícolas, los que aportan con la mayor parte de la producción agrícola del país.
El Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 “Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones” del gobierno de Luis Arce Catacora, aprobado recientemente en la Cámara de Diputados, plantea incrementar la producción agrícola de la agricultura familiar de 6,7 millones de toneladas métricas (TM) en 2020, como año de línea base, a 10 millones de TM en 2025; es decir, un incremento neto de 3,3 millones de toneladas métricas en cinco años o 660 mil TM/año.
Sin embargo, se debe destacar que este plan no incorpora ninguna definición de lo que se considera como “agricultura familiar” y tampoco brinda información en relación a la fuente empírica que le permite señalar que en 2020 ese tipo de agricultura produce 6,7 TM de productos agrícolas, que representarían el 33,2% del total de la producción agrícola del país que ese año habría sido de 20,2 millones de TM. Como podrá constatar el lector, esta cifra no se acerca ni a los datos que brinda la información del censo agropecuario 2013, ni a aquellos que presentan o utilizan quienes consideran que el aporte de la “agricultura familiar” a la producción agrícola es predominante.
Resulta interesante observar que un Gobierno que se jacta de representar los intereses de los “productores indígena originario campesinos” ya no use en el nuevo plan esta terminología ampliamente utilizada en los planes de Evo Morales, y que asuma la de “agricultura familiar”, tan cara a los organismos internacionales y tan lejana del supuesto sujeto social de la denominada “revolución democrática y cultural”.
Pero lo que más llama la atención del mismo en el ámbito agrario, es la propuesta de incremento de la producción agrícola de la “agricultura familiar” en los próximos cinco años, pues la participación relativa de ésta pasaría del 33,2% en 2020 al 33,4% en 2025. Es decir, incrementaría su participación relativa en el conjunto de la producción agrícola total en un esmirriado 0,2%. Al parecer, el aporte de Bolivia a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU —que en el ámbito de la producción agrícola de alimentos privilegia la que está a cargo de productores de pequeña escala, pueblos indígenas y agricultores familiares— no tendrá mayor significación.
¿Es un problema de una mala proyección, o el reconocimiento implícito de que la “real politik” agraria que desarrolla y seguirá desarrollando el gobierno de Arce Catacora mantendrá el curso de las políticas agrarias que aplicaron Evo Morales y Jeanine Áñez en los últimos 15 años: beneficios para los pequeños, medianos y grandes productores capitalistas y pequeñas e insignificantes concesiones para la gran masa de campesinos pobres del país?
