Las Alianzas Público - Privadas, una propuesta innovadora desde Tarija para el país
La última política nacional que nació en Tarija fue el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), fue el año 2005 de la mano de un querido personaje que nos dejó hace poco, el Profesor Clodomiro Aparicio. 13 años después, volvemos a apostar a un modelo que puede revolucionar la manera de...
La última política nacional que nació en Tarija fue el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), fue el año 2005 de la mano de un querido personaje que nos dejó hace poco, el Profesor Clodomiro Aparicio. 13 años después, volvemos a apostar a un modelo que puede revolucionar la manera de proveer infraestructura y servicios públicos, y por ende, el desarrollo de todo el país.
Las Alianzas Publico Privadas (APP) o las (P3) Public–Private Partnership por sus siglas en inglés, son definidas por el Banco Mundial como “un acuerdo entre el sector público y el sector privado en el que parte de los servicios o labores que son responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio público o de la infraestructura pública”.
Según datos del Banco Mundial, América Latina y el Caribe, registran una brecha de infraestructura muy grande. Necesita invertir al menos el 5% de su PIB, para atender las necesidades en este sector; sin embargo actualmente invierte la mitad.
La crisis económica mundial de 2008 y la caída de los precios del petróleo de 2014, obligó a varios países de América Latina a repensar la manera de financiar la infraestructura y los servicios públicos; los más afectados, los países en los que tiene gran incidencia el extractivismo respecto a sus ingresos, modelo rentista muy parecido al de Tarija.
La economía tarijeña en el año 2013 tenía en el sector de hidrocarburos el 39,6% de su PIB sectorial y registró un crecimiento descomunal por encima del 11%. Para tener un punto de referencia, Bolivia creció ese año al 6.78% y China al 7.8%.
Al derrumbarse los precios del petróleo, el crecimiento del Departamento llegó a registrar un indicador negativo del -6% con relación al PIB. En 3 años pasamos de crecer más rápido que China, a estar al borde de la bancarrota; por ende los recursos para financiar las necesidades en infraestructura y servicios públicos eran pírricos, además de la colosal suma de 7 mil millones de bolivianos que dejó comprometidos Lino Condori.
Cuba, la Guyana y Bolivia, son los únicos tres países que no cuentan con legislación sobre Alianzas Público - Privadas en América Latina. Según el Banco Mundial, en la década 2006-2015, se tuvieron millonarias inversiones bajo este esquema; Brasil con 505 proyectos tuvo inversiones por 230 mil millones de dólares, México con 120 proyectos tuvo inversiones por $us 40 mil millones, Colombia con 58 proyectos tuvo inversiones por $us 25 mil millones y Perú con 80 proyectos tuvo inversiones por $us 23 mil millones, entre otros países con menores inversiones.
¿Qué hacer frente a esto? ¿Cómo repensar el futuro? A iniciativa del ex ministro de Estado Oscar Farfán Mealla, cabeza de la Agencia de Desarrollo de la Gobernación de Tarija, se decidió avanzar en un Proyecto de Ley departamental destinado a desarrollar las Alianzas Público-Privadas, partiendo de las competencias exclusivas con las cuales cuentan los gobiernos departamentales; trabajo que reunió a un conjunto de experimentados profesionales y el aporte del sector privado local.
Luego de casi dos años de arduo trabajo, se tiene a la fecha un borrador final que estos últimos días fue discutido y analizado con el Servicio Estatal de Autonomías y la Asamblea Legislativa, con el objeto de conciliar cualquier contradicción y contar con la sintonía necesaria con las iniciativas del gobierno. En los próximos días, el proyecto será remitido al Ministerio de Planificación para su revisión final. La ministra Mariana Prado, valga acotar, brindó todo su apoyo desde el inicio de este proceso.
Por primera vez en la historia de la política tarijeña, está en el centro del debate un nuevo modelo de financiamiento de bienes y servicios públicos; que propone abandonar el histórico paternalismo de las fuentes vinculadas a los hidrocarburos. La última década, Tarija vivió una guerra sin cuartel por un pedazo de la renta pública que asumían los sectores, entidades y actores, en la mayoría de los casos, sin ninguna planificación. El Prosol, la canasta alimentaria, el 45% para las provincias productoras, el 8% para los municipios, el PEU, fueron escenario de disputa; ni la propia Autonomía llego a tener consensos plenos; sin embargo cuando se presentó este nuevo modelo, se generó un consenso generalizado, reconociendo que las ideas de la era del gas, se habían agotado.
Las Alianzas Publico Privadas no son sinónimo de privatización, ni es entregar el patrimonio del Estado a las transnacionales, ni mucho menos; mensaje malicioso que hace poco alguien quiso hacer llegar al presidente Morales, sino que es un modelo exitoso que abre un sin fin de oportunidades de financiamiento a las necesidades públicas a partir de certezas jurídicas y expectativas económicas al sector privado que benefician a los ciudadanos.
Las APP´s son parte fundamental de la actual política de reactivación económica-productiva propuesta por el Gobernador Oliva, que busca generar grandes inversiones, mayor cantidad de empleos a largo plazo en condiciones dignas y así revertir un diseño institucional fallido. Todo esto lo entendió muy bien el sector privado, pero además de manera muy madura la Asamblea Legislativa Departamental y el Gobierno Central, que al margen de diferencias políticas acompañan este proceso.
Propuestas de APP´s vinculadas al sector agrícola en especial a la vitivinicultura, al de la de petroquímica, al de Obra y servicios Públicos, ya se encuentran en etapa de análisis. Estoy convencido que con la aprobación de esta Ley, se dará un paso histórico no solo para Tarija, sino para Bolivia y marcará un antes y un después en la concepción del desarrollo; pero además estoy seguro que esta política “Made in Tarija” será la base para una futura ley nacional de Alianzas Público-Privadas, aprendiendo que en la crisis también se encuentran soluciones y que nuestra nueva realidad, no es la del lamento, sino la de la resiliencia; hay luz al final del túnel, sin duda este es el inicio de una historia diferente.
Las Alianzas Publico Privadas (APP) o las (P3) Public–Private Partnership por sus siglas en inglés, son definidas por el Banco Mundial como “un acuerdo entre el sector público y el sector privado en el que parte de los servicios o labores que son responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio público o de la infraestructura pública”.
Según datos del Banco Mundial, América Latina y el Caribe, registran una brecha de infraestructura muy grande. Necesita invertir al menos el 5% de su PIB, para atender las necesidades en este sector; sin embargo actualmente invierte la mitad.
La crisis económica mundial de 2008 y la caída de los precios del petróleo de 2014, obligó a varios países de América Latina a repensar la manera de financiar la infraestructura y los servicios públicos; los más afectados, los países en los que tiene gran incidencia el extractivismo respecto a sus ingresos, modelo rentista muy parecido al de Tarija.
La economía tarijeña en el año 2013 tenía en el sector de hidrocarburos el 39,6% de su PIB sectorial y registró un crecimiento descomunal por encima del 11%. Para tener un punto de referencia, Bolivia creció ese año al 6.78% y China al 7.8%.
Al derrumbarse los precios del petróleo, el crecimiento del Departamento llegó a registrar un indicador negativo del -6% con relación al PIB. En 3 años pasamos de crecer más rápido que China, a estar al borde de la bancarrota; por ende los recursos para financiar las necesidades en infraestructura y servicios públicos eran pírricos, además de la colosal suma de 7 mil millones de bolivianos que dejó comprometidos Lino Condori.
Cuba, la Guyana y Bolivia, son los únicos tres países que no cuentan con legislación sobre Alianzas Público - Privadas en América Latina. Según el Banco Mundial, en la década 2006-2015, se tuvieron millonarias inversiones bajo este esquema; Brasil con 505 proyectos tuvo inversiones por 230 mil millones de dólares, México con 120 proyectos tuvo inversiones por $us 40 mil millones, Colombia con 58 proyectos tuvo inversiones por $us 25 mil millones y Perú con 80 proyectos tuvo inversiones por $us 23 mil millones, entre otros países con menores inversiones.
¿Qué hacer frente a esto? ¿Cómo repensar el futuro? A iniciativa del ex ministro de Estado Oscar Farfán Mealla, cabeza de la Agencia de Desarrollo de la Gobernación de Tarija, se decidió avanzar en un Proyecto de Ley departamental destinado a desarrollar las Alianzas Público-Privadas, partiendo de las competencias exclusivas con las cuales cuentan los gobiernos departamentales; trabajo que reunió a un conjunto de experimentados profesionales y el aporte del sector privado local.
Luego de casi dos años de arduo trabajo, se tiene a la fecha un borrador final que estos últimos días fue discutido y analizado con el Servicio Estatal de Autonomías y la Asamblea Legislativa, con el objeto de conciliar cualquier contradicción y contar con la sintonía necesaria con las iniciativas del gobierno. En los próximos días, el proyecto será remitido al Ministerio de Planificación para su revisión final. La ministra Mariana Prado, valga acotar, brindó todo su apoyo desde el inicio de este proceso.
Por primera vez en la historia de la política tarijeña, está en el centro del debate un nuevo modelo de financiamiento de bienes y servicios públicos; que propone abandonar el histórico paternalismo de las fuentes vinculadas a los hidrocarburos. La última década, Tarija vivió una guerra sin cuartel por un pedazo de la renta pública que asumían los sectores, entidades y actores, en la mayoría de los casos, sin ninguna planificación. El Prosol, la canasta alimentaria, el 45% para las provincias productoras, el 8% para los municipios, el PEU, fueron escenario de disputa; ni la propia Autonomía llego a tener consensos plenos; sin embargo cuando se presentó este nuevo modelo, se generó un consenso generalizado, reconociendo que las ideas de la era del gas, se habían agotado.
Las Alianzas Publico Privadas no son sinónimo de privatización, ni es entregar el patrimonio del Estado a las transnacionales, ni mucho menos; mensaje malicioso que hace poco alguien quiso hacer llegar al presidente Morales, sino que es un modelo exitoso que abre un sin fin de oportunidades de financiamiento a las necesidades públicas a partir de certezas jurídicas y expectativas económicas al sector privado que benefician a los ciudadanos.
Las APP´s son parte fundamental de la actual política de reactivación económica-productiva propuesta por el Gobernador Oliva, que busca generar grandes inversiones, mayor cantidad de empleos a largo plazo en condiciones dignas y así revertir un diseño institucional fallido. Todo esto lo entendió muy bien el sector privado, pero además de manera muy madura la Asamblea Legislativa Departamental y el Gobierno Central, que al margen de diferencias políticas acompañan este proceso.
Propuestas de APP´s vinculadas al sector agrícola en especial a la vitivinicultura, al de la de petroquímica, al de Obra y servicios Públicos, ya se encuentran en etapa de análisis. Estoy convencido que con la aprobación de esta Ley, se dará un paso histórico no solo para Tarija, sino para Bolivia y marcará un antes y un después en la concepción del desarrollo; pero además estoy seguro que esta política “Made in Tarija” será la base para una futura ley nacional de Alianzas Público-Privadas, aprendiendo que en la crisis también se encuentran soluciones y que nuestra nueva realidad, no es la del lamento, sino la de la resiliencia; hay luz al final del túnel, sin duda este es el inicio de una historia diferente.
