Tras Carnaval, el asalto al poder

El Gobierno Nacional de Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo es quien más ganas tiene de que la gestión se anteponga a la política, pero lo va a tener ciertamente complicado. 2018 ha iniciado con una soberana derrota infringida por la sociedad civil, que no estaba de vacaciones, tumbando el Código Penal trabajado durante largos meses, sí, pero de la forma sectaria a la que los dos tercios de la Asamblea se ha acostumbrado en los últimos años.Morales atraviesa una crisis de credibilidad, cada vez más cuestionado desde la derecha pero también desde la izquierda y los sectores nacionalistas que en algún momento apuntalaron el proceso de cambio junto a los sectores indígenas y campesinos. Ni siquiera los dos largos meses que se han dejado pasar desde la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que lo habilitaba para un nuevo mandato a partir de 2019 ha logrado enfriar el clima de rechazo. Ni siquiera la batalla del Código Penal, que en algún momento pareció servir como espejito para desviar la atención precisamente de ese accionar del Tribunal Constitucional, que decidió reescribir la Carta Magna para eliminar la limitación de mandatos, ha logrado eclipsar el asunto de fondo.Crecidos por el éxito de la batalla contra el Código Penal, los frentes cívicos han retomado su convocatoria a paro Cívico Nacional contra la sentencia del Tribunal Constitucional convocada en diciembre para el 21 de febrero y que causó hilaridad entre la ciudadanía debido a su lejanía y a su exacta ubicación después de los festejos de Navidad y Carnaval, lo que daba un entendido de las prioridades. El Código Penal y su final abrogación exigió sin embargo otras movilizaciones paralelas que han hecho llegar a la fecha de la convocatoria mucho más en forma. La convocatoria del paro para el 21 de febrero, exactamente dos años después del referéndum convocado por el MAS para permitir la habilitación de presidente y vicepresidente por una única vez y que fue negada mayoritariamente por la población constituyendo la más sonora de las derrotas del MAS en sus diez años largos de Gobierno, ha tomado nuevos bríos.El propio Carnaval ha servido para insuflar ánimos a los resistentes y hacer una previa exitosa. La indignación va en crecimiento. La pretensión del MAS de desconocer la decisión popular expresada el 21 de febrero de 2016 con extraordinaria nitidez con una sentencia del Tribunal Constitucional a quien pocos le confieren la credibilidad e independencia que se le presupone supone un hito grave.El MAS argumenta que lo democrático es medirse en las urnas y que la oposición articula el movimiento contra Evo, y no contra el MAS, porque saben que contra el líder indígena no hay posibilidades de éxito. El argumento es sólido, aún con sus trampas. En las últimas semanas han empezado a filtrarse y publicarse encuestas que dan un escaso apoyo a Evo Morales, que lo dejaría en las puertas de la segunda vuelta donde tendría que enfrentarse a todo el entramado político en su contra. El clásico con Evo o contra Evo que tantas veces le dio resultado en el pasado y que en las últimas convocatorias se le ha atragantado.No parece haber mecanismos al alcance de la oposición que hagan revertir la decisión del Tribunal Constitucional y la posterior aplicación que de la sentencia haga el Tribunal Electoral, quien en última instancia debería decidir entre los habilitados y no habilitados. Acudir a organismos internacional como la OEA o la CIDH, vista su actual beligerancia, solo contribuirá a enardecer peor la situación sin posibilidad real de influencia en la Bolivia soberana.Así pues, lo que empieza después de carnavales es una campaña política de grandes dimensiones e incalculables consecuencias en las que, una vez más, se enfrentaran dos maneras de ver el Estado, eso sí, cada vez más tergiversadas en su propio objetivo de alcanzar el poder.