Romero: “El 50/50 es un paso, pero hay que resolver la crisis financiera de las gobernaciones”

El secretario de Economía de la Gobernación de Tarija, Fernando Romero, analizó para El País los alcances, posibilidades y riesgos del Acuerdo 001/2026 – Agenda 50/50 alcanzado el pasado miércoles 5 de agosto en Sucre y que constituye el primer gran acuerdo de transformación de la administración autonómica desde su inclusión constitucional.

Romero advierte que el acuerdo no supone todavía una nueva distribución de recursos y que su éxito dependerá de que los compromisos se traduzcan en leyes, transferencias y reformas concretas.

EL PAÍS: ¿Qué significa realmente el Acuerdo 001/2026, denominado Agenda 50/50?

FERNANDO ROMERO: Es el primer acuerdo nacional orientado a reformar de manera integral el modelo autonómico y fiscal vigente desde la aprobación de la Constitución de 2009. Reconoce algo que las gobernaciones venimos señalando desde hace tiempo: el proceso autonómico está inconcluso y los gobiernos departamentales todavía tienen limitaciones importantes para generar ingresos, administrar su presupuesto y ejercer efectivamente sus competencias.

Lo importante es que se plantea una etapa de “co-construcción” para revisar la autonomía tributaria, la distribución de recursos fiscales, las competencias intergubernamentales, el financiamiento de las autonomías y la futura coparticipación tributaria.

EP: ¿Entonces ya existe una coparticipación 50/50?

FR: No. Es importante dejarlo claro. El acuerdo no establece una coparticipación tributaria 50/50 inmediata. Es una hoja de ruta para construir reformas legales, institucionales y fiscales que permitan avanzar progresivamente hacia ese objetivo. Es decir, se abrió una puerta despues de casi 20 de años de socialismo para que las gobernaciones participen (en algún %) de la coparticipación tributaria. No hemos entrado todavia al juego, y esto se solo concretará cuando la misma sea incluida en el PGE 2027.

Se plantea revisar la Ley 154 de Clasificación de Impuestos, elaborar una Ley Especial de Coparticipación y Distribución de Recursos Fiscales, eliminar gradualmente condicionamientos de gasto impuestos por el nivel central, ampliar las potestades tributarias departamentales y crear mecanismos de compensación y alivio financiero.

EP: ¿Cuál considera que es el principal aspecto positivo?

FR: El reconocimiento de que las autonomías departamentales no han alcanzado plenamente las facultades económicas y financieras previstas en la Constitución. Es un avance que se abra formalmente la discusión sobre competencias, financiamiento y potestades tributarias.

Hoy las gobernaciones administran una proporción muy reducida de los recursos fiscales nacionales, pese a tener responsabilidades crecientes en infraestructura, desarrollo productivo y planificación territorial. Es decir, en los últimos años a las gobernaciones les dieron más obligaciones, pero menos recursos, haciendo inviable e insostenible el cumplimiento de sus obligaciones. Por eso la Gobernación de Tarija, planteo en esta reunión nacional un alivio, autonomía y pacto fiscal dentro de un marco de sostenibilidad financiera con responsabilidad, donde el cambio de las normas actuales es fundamental.

EP: ¿Y qué importancia tiene que se hable por primera vez de incorporar a las gobernaciones a la coparticipación tributaria?

FR: Es fundamental. Actualmente las gobernaciones no participan directamente de la coparticipación tributaria nacional, mientras municipios y universidades sí reciben recursos de este sistema. La creación de una mesa técnica para elaborar una Ley Especial de Coparticipación abre la posibilidad de corregir una de las principales debilidades del modelo autonómico boliviano.

Las gobernaciones necesitan fuentes de financiamiento estables y acordes con las competencias que tienen asignadas. No solo se trata de quitar una mochila fiscal sino de dar posibilidades sostenibles para que se capten más recursos, y asi generar ingresos a favor de la gestión a lo largo del tiempo.

EP: ¿El acuerdo puede ayudar a resolver la situación financiera de Tarija?

FR: Puede ayudar, pero no automáticamente ni de manera inmediata. El acuerdo reconoce la situación financiera crítica de varias gobernaciones y plantea evaluar mecanismos de reprogramación, diferimiento de obligaciones y saneamiento fiscal. Esto es particularmente importante para Tarija, que enfrenta una fuerte caída de los ingresos hidrocarburíferos y elevados niveles de endeudamiento.

Si estas medidas se implementan correctamente, pueden mejorar la liquidez de corto plazo y evitar que la crisis financiera termine afectando la prestación de servicios públicos esenciales.

Pero para ello se debe pasar del papel a las acciones. Es clave que en la ALP se apruebe la ley corta financiera que traspase el pago del bono de vacunación, prediarios y títulos de bachiller al gobierno central. Asi mismo, que en esta gestión de haga la devolución total o parcial del 12% del IDH retenido para financiar la ley Nº 767. Y se inicie, lo antes posible, los mecanismos financieros y normativos para la reprogramación del pago de creditos que se tiene con el FNDR.

EP: Pero usted también identifica aspectos negativos. ¿Cuál es el principal?

FR: Que no crea recursos inmediatos para las gobernaciones. Mientras se realizan estudios, diagnósticos y mesas técnicas, las gobernaciones siguen enfrentando problemas de liquidez, deuda y déficit fiscal.

Por eso, los beneficios financieros sostenibles y reales podrían tardar muchos meses en materializarse. Desde el punto de vista presupuestario, eso limita bastante el impacto inmediato del acuerdo. A corto plazo puede darse un escenario de alivio financiero, el cual estará supeditado a voluntades políticas tanto del gobierno y de la ALP para las reformas necesarias.

EP: ¿Existe además el riesgo de que el 50/50 termine siendo solamente una declaración política?

FR: Ese riesgo existe porque el documento no establece porcentajes, montos ni cronogramas específicos para alcanzar el denominado 50/50, los cuales deberán ser consensuados y definidos técnicamente. Tampoco establece indicadores concretos para medir los avances en autonomía fiscal o coparticipación tributaria.

Además, buena parte de los compromisos requiere modificaciones legales complejas. Eso implica negociaciones políticas prolongadas en la Asamblea Legislativa. Si no se consolidan los consensos necesarios, algunos compromisos podrían quedarse en declaraciones de intención.

EP: Entonces, ¿su valoración general es positiva o negativa?

FR: Mi valoración es positiva. Representa probablemente el primer intento serio y estructurado de revisar el modelo de financiamiento de las autonomías departamentales desde la implementación de la Constitución.

Pero hay que entender qué es y qué no es. Es un acuerdo marco, no una reforma fiscal efectiva. Su verdadero éxito dependerá de la capacidad política e institucional para convertir los compromisos en leyes, transferencias fiscales y cambios normativos concretos que deben verse a corto plazo.

EP: ¿Qué debería hacerse para que la Agenda 50/50 no se quede en buenas intenciones?

FR: Primero, establecer metas fiscales verificables. Deberíamos saber qué porcentaje de recursos administrarán las gobernaciones en 2027, 2028, 2029 y 2030. Sin indicadores medibles es difícil evaluar resultados.

Segundo, crear un Fondo Nacional de Transición Autonómica para apoyar temporalmente a las gobernaciones con mayores dificultades financieras. Tercero, vincular parte de los nuevos recursos al desempeño institucional, considerando eficiencia administrativa, calidad de la inversión, ejecución presupuestaria y generación de ingresos propios.

También es necesario conciliar las cuentas históricas entre el nivel central y las gobernaciones y garantizar estabilidad normativa para que las reglas no cambien permanentemente con cada gobierno.

EP: ¿Cómo debería funcionar una nueva coparticipación tributaria?

FR: Las gobernaciones deberían ser incorporadas explícitamente como beneficiarias permanentes. El sistema actual mantiene una asimetría importante: aproximadamente el 75% de los recursos tributarios permanece bajo administración del Gobierno Central, mientras las gobernaciones reciben prácticamente cero por ciento de coparticipación tributaria directa.

La distribución tampoco debería basarse solamente en población o en generación de impuestos. Hay que considerar pobreza, extensión territorial, aporte al PIB, generación de empleo, esfuerzo fiscal, productividad regional, necesidades de infraestructura, y otros. Esto sin duda, será un debate técnico y político muy complejo, ya que puede haber regiones que se beneficien mas que otras. Por lo tanto, se debe generar una formula de redistribución de recursos que sea objetiva, equitativa y muy pragmática en términos económicos y sociales.

EP: ¿Qué porcentaje debería corresponder inicialmente a las gobernaciones?

FR: Una alternativa técnicamente razonable sería comenzar con una participación del 5% al 7%, sin embargo, esto se debe determinar técnicamente entre el gobierno central y las gobernaciones, sin dejar a un margen las demandas de los municipios y universidades. Sea cual sea la cifra que se defina, esta deberia ir aumentando progresivamente conforme se implementen las reformas de la Agenda 50/50. Y esto será posible, entre tantas cosas, si la economia boliviana sale de la recesión, y el gobierno central ceda poco a poco de su actual 75%, y permita aumentar paulatinamente más de la coparticipación a favor de las ETA’s

Además, una parte debería distribuirse considerando indicadores de desempeño y otra alimentar un Fondo de Equilibrio Territorial que permita compensar las diferencias entre departamentos, como sugerencia, pero es debatible.

EP: Finalmente, ¿qué tendría que ocurrir para que dentro de algunos años podamos decir que la Agenda 50/50 funcionó?

FR: Tiene que pasar de los principios generales a resultados verificables, cuantificables y sostenibles. Si logra traducirse en una nueva ley de coparticipación tributaria, mayor autonomía presupuestaria, alivio financiero y participación efectiva de las gobernaciones en la distribución de los recursos nacionales, puede transformar significativamente la estructura fiscal boliviana.

Pero si no se concretan esas reformas, existe el riesgo de que termine siendo una declaración política ambiciosa sin efectos sustanciales sobre las finanzas subnacionales.

La clave está en que el acuerdo no se quede en la firma. Ahora comienza la parte verdaderamente importante: convertirlo en normas, recursos y autonomía efectiva para las gobernaciones de Bolivia.