Subgobernadores: Un debate impostergable

En la justificación del adelanto electoral hay evidentemente una motivación política esencial, pues cuanta menos gente haya mirando lo que pase con Evo y más preocupándose por su propia pervivencia menos se hablará de la legitimidad con la que el mandatario Evo Morales pretende concurrir en las elecciones de 2019. Habrá más gente hablando de la política real, de los problemas de la ciudad, de sus calles y plazas, que de la política gruesa que habla de caudillismo y alternancia.También hay un componente que tiene que ver con la limitación de proyectos de impacto y la dinámica cada vez más municipalista de los proyectos del Gobierno (Evo Cumple, Fondo Indígena, Mi Agua, etc). Morales hará más fácilmente campaña entregando obras en los municipios que grandes obras de ámbito nacional, que por el momento no hay ninguna para entregar en el corto plazo salvo, en Tarija, el tramo de la ruta al Chaco.Es evidente también que quienes más desean este adelanto no son los más cercanos a Evo Morales, sino los otros. El músculo electoral de Evo Morales, cada vez más desgastado, es muy superior al de sus pequeños colaboradores regionales como ha quedado en evidencia en las convocatorias precedentes. Así pues, es el aparato subnacional y los miles de alcaldes, concejales, asambleístas, etc, quienes más desean un adelanto electoral para cobijarse bajo el ala de Evo Morales, superar la tormenta y tratar de revalidarse en el cargo. Mientras el debate madura, se acaban de hacer los levantamientos de datos, las proyecciones de listas y calculando riesgos y probabilidades, el calendario avanza. El adelanto electoral supondría que en julio de 2019 aquellos que quieren ser reelectos ya deberían haber abandonado sus cargos salvo que otra disposición del Tribunal Constitucional diga lo contrario. También que todos aquellos que pretendan optar a un cargo ejecutivo local ya deberían haber vuelto a sus lugares de origen, salvo que esta vez el Tribunal Electoral observe de otra manera.En la práctica, quedaría poco más de un año de gestión, tanto ejecutiva como legislativa y en la práctica también, supone que la Ley Electoral no puede descansar más tiempo en los cajones de la Asamblea Legislativa Departamental. En 2014, cuando el Tribunal Electoral devolvió en invierno el texto del Estatuto con las última observaciones, que incluía la de eliminar del articulado la elección de los subgobernadores, la directiva de entonces, en connivencia con todas las bancadas, guardaron el documento en un cajón hasta que en La Paz promulgaron la convocatoria de las elecciones de 2015. Para el caso de Tarija, al no tener su Estatuto vigente, copió lo dispuesto en la convocatoria de 2009, que incluía el carácter de electo de los ejecutivos seccionales. Una vez que esto ya había sido oficializado, los asambleístas sacaron el documento del cajón y lo pusieron en vigencia en plena campaña electoral mostrando muy poco respeto por el documento, que merecía mayor solemnidad.El cálculo político de aquella Asamblea Legislativa ha costado varias decenas de millones de dólares a las arcas del Tesoro Departamental, millones que pagaremos entre todos los tarijeños y que hacen referencia al dispendio jocoso de recursos con el que se ha venido actuando desde las estructuras de las subgobernaciones, cargadas de egos, y que usurpan funciones tanto a las alcaldías como a las gobernaciones en su propio intento de sobrevivir, que antaño era supervivir.Es conveniente que la Asamblea Legislativa Departamental no empiece a hacer cálculos políticos y electorales con el asunto y no juegue a alargar los plazos del calendario hasta ser sobrevenidos. Desde El País, fervientes defensores de la Autonomía como modelo de gestión y crecimiento, creemos que la Asamblea debe asumir su rol como máxima representante y expresión del poder territorial y los alcaldes como poder local de ejecución y gestión en concurrencia con el Gobierno Autónomo Departamental. Cuidar y optimizar los recursos es tarea de todos.