Bolivia, “parcialmente libre” y con menos acceso a la información

En cuanto a derechos políticos y libertades civiles, Bolivia tiene una calificación de 3/7 para ambos indicadores. Según la metodología de Freedom House, las calificaciones van de 1 a 7, en la que 1 representa el más elevado nivel de libertad, y 7 es el más bajo nivel de libertad. El estatus de “libre”, “parcialmente libre” o “no libre”, que clasifica a los países, es un promedio de ambos indicadores, que también da 3/7, cayendo así en la categoría de “parcialmente libre”.Por otro lado, la organización también presenta un resultado agregado de derechos y libertades. La metodología de estos resultados agregados otorga de cero a cuatro puntos (0 a 4) para cada una de las diez preguntas sobre derechos políticos y de las 15 preguntas sobre libertades civiles. La puntuación de cero representa el nivel más bajo de libertad y el puntaje de cuatro representa el nivel más alto de libertad. La suma de puntos puede dar un número entre 0 y 100, siendo 100 el puntaje de mayor libertad.En este resultado agregado, Bolivia tiene una puntuación de 67/100. Por lo que se corrobora su estatus de “parcialmente libre”. Ahora bien, vale remarcar que en el contexto sudamericano, Bolivia comparte el estatus de parcialmente libre con Paraguay, Ecuador y Colombia. Venezuela es catalogada como país “no libre”. Los demás países sudamericanos están clasificados como libres. México y la mayor parte de los países centroamericanos también tienen el estatus de “parcialmente libre”. Por otra parte, Freedom House aclara que si bien Bolivia mantiene su estatus de los últimos años, para esta gestión se advierte una tendencia a la disminución de su categoría debido al fallo del Tribunal Constitucional que abolió la limitación de mandatos y “pavimentó el camino para que el Presidente Evo Morales sea candidato a la presidencia para un cuarto mandato en 2019”. Este fallo, más allá de ser interpretado políticamente por la organización, es considerado como un “acontecimiento real” que implica una “declinación” en los indicadores de libertades civiles y derechos políticos.En otro ámbito de análisis –aunque de vital importancia y que guarda estrecha relación con lo anterior- se enmarca el hecho de que la restricción del acceso a la información pública es cada vez mayor en Bolivia. Tanto éste como otros medios de comunicación hemos visto cómo los datos comparativos de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos se han reducido (ahora sólo se puede ver la del año actual), los reportes de envíos de gas a Brasil y Argentina han sido borrados, y la ejecución presupuestaria en el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), los costos recuperables de YPFB, entre otros informes considerados sensibles, no pueden ser conocidos.

Incluso, datos más sencillos e imprescindibles del conocimiento público tampoco están disponibles en los sitios web de las instituciones públicas, como la lista del personal, los salarios de los funcionarios y los presupuestos anuales. Menos aún los informes de auditoría o quejas de la ciudadanía por las fallas en la atención. Si bien restringir la información para evitar el escrutinio público en las instituciones del Estado ha servido la función de intentar evitar la publicación de noticias negativas sobre la gestión gubernamental, hoy en día esta falta de transparencia está convirtiéndose en una fuente adicional de malestar social por sí misma.La única información disponible proviene de la palabra de los gobernantes, en actos de rendición de cuentas o en los informes del Presidente. Palabra que es cada vez más cuestionada por la ciudadanía. Sólo reponer y transparentar los datos lavarán la cara a la gestión. Hasta entonces, muecas de escepticismo.