Cataluña, Bolivia y la autonomía imparable

Repulsa no hacia las fuerzas de seguridad del Estado español, sino hacia quienes los mandaron a actuar de esa manera ante un delito consistente en pretender votar.El acto más democrático del mundo, que es introducir una papeleta en un ánfora, fue reprimido brutalmente. El Gobierno de Mariano Rajoy tiró de argumentario en complicidad con la prensa española cargada de urgencias y se quedó en el molde, insistiendo en que el pretendido referéndum era ilegal y no tenía validez alguna. Hasta ahí parecía tener la razón jurídica, pero la violencia desestimó cualquier atisbo de legitimidad.Tal ha sido el descrédito que lo que parecía un disparate, es decir, declarar la independencia unilateral amparado en una regulación anulada por el tribunal Constitucional luego de un referéndum en el que votaron un millón de convencidos de los siete largos que tiene Cataluña, que en la jornada de hoy parece posible. El presidente catalán Carles Puigdemont sugirió el domingo que lo haría en la semana, la Ley catalana lo contempla pasadas las 48 horas del recuento oficial y los sindicatos y organizaciones secesionistas, además de las entidades estudiantiles, han convocado una huelga general para hoy 3 de octubre, que con toda probabilidad, será contundente. El escenario parece perfecto.Desde este lado del océano, en un continente de democracia más visceral que aquella que se práctica en la insípida Europa, el capítulo catalán se está viendo con cierto estupor. Es difícil entender, incluso aquí donde tantas veces se oyeron los ruidos de sable, que alguien pretenda a palos convencer a nadie de que se quede con otra. La integración plena de la Corona de Aragón (donde pertenecía Cataluña) y de Castilla es algo anterior a la Independencia de América. Si algo consiguió el domingo el Gobierno de España es sembrar la semilla independentista en todos los niños catalanes que vieron como golpeaban a los suyos. Si no es esta generación, la próxima será independiente, como América lo fue.El problema catalán tiene que ver con un deseo de autogobierno que las leyes no acaban de satisfacer, con un Estatuto de Autonomía actualizado en 2006 y cercenado por el Tribunal Constitucional unos años después desde la independencia de poderes pero jaleado por el propio Mariano Rajoy y su gobierno. Pero no es menos verdad que la intensidad del pedido ha tenido que ver con un momento en el que los escándalos de corrupción se acumulaban en las puertas de los políticos hoy radicales independentistas.La situación de violencia extrema televisada para todo el mundo el domingo contrasta con lo que se vivió en Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando hace no tantos años. Si bien los motivos podían ser diferentes y las diferencias entre unos y otros son notorias, los departamentos bolivianos también expresaron su deseo de autogobierno, y fue negado sistemáticamente desde el poder central en 2007 y 2008 lo que llevó a un escenario de confrontación similar.El Gobierno boliviano, a diferencia del español que prefirió avivarlo para tapar sus problemas de corrupción entre otras cosas, logró negociar e integrar el modelo autonómico en la definición del país que se blindó en la hoy manoseada Constitución Política del Estado. Es verdad que hubo episodios violentos, pero finalmente se logró un consenso.La matización final de la Autonomía no la dio la Constitución sino la Ley Marco de Autonomías, una Ley que, como el Constitucional en España, limitó muchas de las aspiraciones de autogobierno que tenían los impulsores.La autonomía boliviana recién ha empezado a ejercerse, departamentos punteros como Santa Cruz apenas han empezado con la misión de adecuar su Estatuto preconstitucional, otros como Tarija ya han sufrido las estrecheces y rigideces de un modelo que apenas satisfizo las intenciones de aquellos que querían licitar y licitar en épocas de bonanza y les preocupaba menos la gestión de servicios públicos que no dieran muchos votos.El ejemplo catalán – español y la sinrazón violenta debe dejar lecciones para el ejercicio de la autonomía en Bolivia, en Tarija, y también en el Chaco, pues no hay ley que pueda frenar una voluntad popular, pero tampoco se pueden esconder bajo el viejo truco de la patria las miserias de un ejercicio corrupto e irresponsable.