Del referéndum a la hoguera

En concreto se pretende apartar del ordenamiento jurídico nacional algunos incisos de los artículos 52, 64, 65, 71 y 72 de la Ley 026 y los artículos 156, 168, 255 y 258 de la Constitución Política del Estado. Para ello se esgrime la convención internacional de San José de Costa Rica, ratificada en 1993 y que protege los derechos políticos de las personas. También en la Constitución se incurrirían en estas contradicciones. La propia Constitución establece que si los tratados internacionales a los que el Estado se ha adherido tienen derechos más favorables para el ciudadano que los recogidos en la Constitución, se deben aplicar estos.El Movimiento Al Socialismo ya había advertido que haría oídos sordos a los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 para buscar otra manera en la que repostular al presidente Evo Morales en el año 2019. El propio Vicepresidente Álvaro García Linera, que por decisión propia adelantó que no estaría en la siguiente dupla aunque se lograra la manera de habilitar, listó cuatro posibilidades: Otro referéndum por iniciativa popular, reformar el artículo 168 también por referéndum, hacer renunciar a Morales seis meses antes de la elección para alegar que no se habían cumplido todos los mandatos de la Ley y el “método sandinista”, que era apelar al Tribunal Constitucional para que emitiera un dictamen. Era evidente que ante la complejidad y riesgo de reiterar un referéndum y la chicana de la renuncia, el camino a elegir era el de la consulta a los jueces.Con los pocos magistrados que quedan en el Tribunal Constitucional a punto de terminar su mandato y después de una sostenida campaña de desprestigio de la Justicia, que el oficialismo ha alimentado estratégicamente, son muy pocos los que consideran que la sentencia será desfavorable para los intereses del Presidente Evo Morales y sobre todo, para los intereses de sus seguidores y acólitos del Movimiento Al Socialismo.La simpleza y contundencia del argumentario con la que se ha presentado la acción constitucional y el efecto que ha causado en la oposición, muy similar al que ya causó el dictamen que permitió la habilitación en 2014, lleva a una interrogante de magnitud que todavía mina los cimientos del partido y ha desatado una caza de brujas ¿Quién y por qué forzó el precipitado y fallido referéndum de febrero de 2016? ¿Qué pretendían los asesores e ideólogos de aquella fórmula? ¿Acaso entonces era la única vía posible y ahora se puede remediar con una simple acción Constitucional? ¿Quién decidió asumir semejante riesgo?No se puede adelantar criterio y nadie sabe lo que efectivamente resolverán los jueces del Tribunal Constitucional, pero sí parece un tremendo error estratégico del MAS haber quemado buena parte del capital político de Morales teniendo una alternativa “tan fácil”.De aquella derrota sin paliativos apenas se cuentan responsables. Nadie en el MAS ha tenido la gallardía de asumir el error del planteamiento. Apenas se ha quemado, o más bien recolocado,  a una parte del equipo de campaña de ese 21-F, la peor de tiempo, como Hugo Móldiz y Amanda Dávila y se ha sacrificado a dos pesos pesados del gabinete, como Juan Ramón Quintana y David Choquehuanca, para encajar el golpe y ofrecer cierta renovación después de la humillante derrota y la más humillante campaña de excusas y lamentos de mal perdedor que se desató a continuación.El presidente Morales, quien primero dijo asumir la decisión soberana del 21 de febrero y posteriormente fue lanzado a alimentar la propuesta de nuevas vías para obviar los resultados, seguramente no tendrá problema en asumir lo que determine el Tribunal sobre lo que ya ha determinado alguna instancia de su partido. Ahora bien, al presidente le convendría mucho mirar a su alrededor y hacer balance, por delante le queda una muy dura batalla electoral, la habilitación solo es el primer paso para un objetivo que exige ganar y a su lado quedan todavía muchos de los que le hicieron pasar su peor ridículo.