España eleva a 80.000 los ingresos irregulares en Ceuta

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, elevó a unos 80.000 el número de personas que ingresaron de manera irregular a la ciudad autónoma de Ceuta desde Marruecos durante las jornadas del 30 y 31 de julio (hecho reportado también en los balances sobre el cruce masivo desde Castillejos con más de 72.000 entradas hacia el 30 de julio).

El anuncio se produjo este lunes tras sostener una reunión de evaluación con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, en el marco de una crisis migratoria que registra 141 personas fallecidas y mantiene bajo proceso de filiación a unos 1.400 menores de edad.

Para gestionar la contingencia y prevenir un «colapso total» (evitado en primera instancia por el retorno a Marruecos de la mayoría de quienes ingresaron), el Ejecutivo español activó un despliegue extraordinario. El operativo incluye el incremento del 40 % de los efectivos de la Guardia Civil, el 30 % de la Policía Nacional, apoyo directo de las Fuerzas Armadas y un aumento del 50 % en la plantilla de la Delegación del Gobierno.

Torres confirmó que la prioridad oficial es el reagrupamiento familiar de los menores o su traslado a otras comunidades autónomas mediante los mecanismos previstos en la reforma de la Ley de Extranjería, habiéndose reubicado previamente a más de 2.000 menores procedentes de Ceuta, Melilla y Canarias, de los cuales unos 700 provienen de Ceuta.

Como parte de la respuesta asistencial, el Gobierno estudia el empleo de distintas instalaciones, entre ellas el antiguo hospital militar ya visitado para su uso como recurso de acogida, y anunció las visitas oficiales a Ceuta del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, este martes, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el miércoles.

«Insostenible e inaceptable»

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, calificó la presencia de entre 8.000 y 11.000 personas en las calles sin alojamiento (estimación que representa cerca del 12 % de la población de la ciudad) como «absolutamente inasumible, insostenible e inaceptable».

Vivas solicitó un plan estatal urgente, la habilitación prioritaria de un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) mientras se tramitan los expedientes de expulsión, la creación de un «mando único» con participación interministerial y de la Ciudad Autónoma, la permanencia del Ejército en las calles e infraestructuras críticas, y un refuerzo de los servicios sanitarios tras incrementarse la población de la ciudad en torno a un 10 % de forma coyuntural.