Ejecución extrajudicial

El deceso, luego de cuatro días de agonía del principal sospechoso de la dramática muerte de una niña de apenas siete años, desató una serie de interpretaciones contradictorias en los medios de comunicación, en las conversaciones de oficina, en la calle y en las redes sociales.Mientras existen personas piensan que con el deceso de Choque ‘se hizo justicia’ a la niña Abigail, otras rechazan lo que consideran ‘una ejecución extrajudicial” del sospechoso, quien, por los antecedentes en casos similares, poco menos que fue condenado a una ‘pena de muerte’ ilegal, tras ser internado preventivamente en San Pedro sin ninguna garantía para su integridad física.El 2 de diciembre, la niña Abigail había sido rescatada –junto a su hermana gemela– de la casa donde vivía con sus agresores. Mientras por la gravedad de sus heridas fue internada en terapia intensiva del Hospital del Niño, su hermana gemela fue llevada a un centro de acogida para víctimas de la violencia intrafamiliar, donde aún permanece.La madrugada del pasado 7 de diciembre y tras permanecer en estado de coma durante cinco días, la niña Abigail falleció a consecuencia de las gravísimas lesiones en su cuerpo causadas por los golpes que recibió –según el Ministerio Público– por parte de su padre y de su madrastra.El martirizado cuerpo de la niña presentaba traumatismo cráneo encefálico grave, edema cerebral, fractura de brazo bilateral, politraumatismos, heridas contusas en el parietal derecho posterior, síndrome de insuficiencia de vena cava, insuficiencia renal aguda y otros cuadros graves que causaron luego su muerte.Según datos oficiales de la Dirección Nacional de Protección a Víctimas y Testigos, dependiente del Ministerio Público, con la muerte de Abigail ascienden a 34 los casos de infanticidio registrados durante la presente gestión.El mismo 7 de diciembre, José Luis Choque Poma y Brígida Mamani Angulo fueron imputados acusados de infanticidio –delito que el Código Penal castiga con 30 años de cárcel– y detenidos preventivamente en el penal de San Pedro y en el Centro de Orientación Femenina de La Paz, respectivamente.En ese contexto, el 9 de diciembre un grupo de reclusos golpeó inmisericordemente al presunto infanticida. Fue tal la paliza que quedó postrado en un coma profundo, lo que obligó a las autoridades penitenciarias a evacuarlo e internarlo de emergencia en el Hospital de Clínicas.Choque Poma ingresó inconsciente al nosocomio con un diagnóstico que confirmó las graves lesiones que le provocó la golpiza. Su cuerpo presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y un coma profundo de 9 en una escala de 15. El sospechoso fue intervenido quirúrgicamente el pasado lunes a fin de estabilizar su deteriorada salud. No obstante, por las graves lesiones que la golpiza le produjo en la cabeza, su cuerpo no pudo superar las primeras horas críticas tras la intervención quirúrgica y falleció presumiblemente a consecuencia de un paro cardiaco y otras complicaciones médicas.Ahora bien, ¿acaso no es responsabilidad de las autoridades penitenciarias y policiales garantizar la vida de todas las personas privadas de libertad, estén con detención preventiva o con sentencia ejecutoriada?Creemos que sí, mucho más si la Constitución Política del Estado reconoce y garantiza el derecho a la vida de los habitantes de nuestro territorio; no hace ninguna excepción y no discrimina si alguien cometió o no un delito por más atroz que éste sea.Es de vida o muerte asumir que el derecho a la integridad prescrita por la Carta Magna y por los convenios internacionales de los que Bolivia es signataria obliga al Estado a proteger la vida y la vigencia de los derechos humanos de todas y todos los bolivianos, estén o no privados de libertad. ¿No les parece?