Una ruleta rusa

Esa aseveración se desprende de algunos detalles del plan de vuelo entregado por el despachador de LAMIA, Álex Quispe –uno de los fallecidos en el accidente– a Celia Castedo, funcionaria de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) en el aeropuerto de Viru Viru, de Santa Cruz.De acuerdo con la publicación periodística, entre las observaciones de Castedo fueron que la autonomía de vuelo de la aeronave no era la adecuada, que hacía falta un plan alterno, que el informe fue mal llenado y que, por lo tanto, era necesario hacer cambios.La principal observación se refiere al tiempo de vuelo previsto entre Santa Cruz y el aeropuerto de la ciudad colombiana de Medellín (cuatro horas y 22 minutos), que era el mismo registrado para la autonomía de combustible que tenía el avión.No obstante, esa versión fue puesta en duda por el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, quien sostuvo que el plan de vuelo que LAMIA presentó para unir Santa Cruz y Medellín no registra ninguna observación, menos los cinco cuestionamientos al vuelo de la aeronave que supuestamente habría señalado Castedo.“Nosotros entendemos que la funcionaria manifiesta esas observaciones después del accidente, no antes. No alerta. Este no era un tema de discusión. Era un tema de cumplimiento obligatorio a lo que establece la reglamentación”, afirmó. Las investigaciones preliminares encontraron indicios de la presunta comisión de cuatro graves irregularidades en torno al vuelo del Avro RJ 85: incumplimiento de deberes, inobservancia del control interno, uso indebido de influencias y omisión de denuncia, lo que configuraría un acto criminal de quienes resulten involucrados.Sea como fuere, los hechos desvelaron un manejo desprolijo del fatídico vuelo, una terrible cadena de errores que pueden derivar en responsabilidades penales y terminó con una tragedia que dejó 71 personas fallecidas, entre ellas 19 de los 22 jugadores del equipo de fútbol Chapecoense, y seis heridos graves, entre ellos los bolivianos Erwin Tumiri y Ximena Suárez. En ese contexto, el ex comandante de la FAB y destituido director de AASANA, Tito Gandarillas y otros funcionarios serán procesados por autorizar que decole un avión chárter sin la suficiente autonomía de vuelo para cubrir el tramo Santa Cruz-Medellín.Las dudas se incrementaron conforme se conoció el estrecho vínculo familiar entre el gerente de LAMIA, Gustavo Vargas Gamboa, y el director de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), Gustavo Steven Vargas Villegas.Lo sospechoso del caso es que la DGAC es la entidad que el 31 de julio de 2015 otorgó a LAMIA la matrícula boliviana y el certificado de explotador de servicios aéreos de carácter indefinido, por lo que en noviembre de 2015 esa línea aérea estableció sus oficinas en Santa Cruz. Y como para señalar que la cadena de fatídicos errores en realidad fueron delitos criminales, la tripulación y los pasajeros del avión siniestrado nunca fueron advertidos sobre la emergencia que atravesaba la aeronave minutos antes de estrellarse y no hubo tiempo para nada, según el técnico boliviano Erwin Tumiri, quien sobrevivió a la tragedia.El fatal desenlace bien pudo evitarse si el piloto Miguel Quiroga hubiera reabastecido de combustible a la aeronave en el aeropuerto de Bogotá con una inversión mínima de 5.000 dólares, ya que el galón en la terminal aérea bogotana cuesta 1,57 dólares.Quiroga apostó –según todos los indicios– a la ruleta rusa y perdió cuando decidió continuar hacia Medellín, asumiendo que no tendría problemas para aterrizar, pero la fatalidad quiso que otro avión en emergencia por falta de combustible le prive de vitales minutos que marcaron la diferencia entre la vida y la muerte.Y no sólo perdió él, sino que otros 70 inocentes pagaron con su vida la osadía de un piloto y la irresponsabilidad de quienes permitieron que decolara el fatídico vuelo. Por lo tanto, es imprescindible que las investigaciones esclarezcan la cadena de errores o delitos criminales para castigar a los culpables.