Arce tiene las llaves y los candados

Llegó 2015 y la caída ya era una realidad. El petróleo estaba por debajo de los 50 y muy lejos de los 80 largos que el Gobierno había incluido en los presupuestos. Pocos creían ya en el discurso pasajero, porque las señales venían de otro lado, pero el tema igual fue eliminado de la confrontación política de los aspirantes a las Gobernaciones.Era evidente que Tarija tendría problemas, pero su reconocimiento formal todavía tenía que esperar. Un PIB dependiente casi en exclusiva de las regalías que produce el gas exportado estaba en franco deterioro. Durante años, cuando los reformulados llegaban al alza, los gestores de la cosa pública se acostumbraron a licitar con urgencias, a utilizar los mecanismos más breves para aprobar convenios y desembolsos, aun cuando se tenían mayorías suficientes para hacerlo formalmente.Se había advertido, pero la realidad explotó tan pronto las regalías se empezaron a liquidar con precios de 40 dólares. Tras un debate inicial sobre las nomenclaturas de cada cosa, lo que es deuda, lo que es quiebra, lo que es bancarrota, etc, a nadie le quedó dudas de que Tarija había comprometido proyectos alegremente por todo el departamento y que no se podrían pagar. Fue extraño ver que el Ministro Luis Arce Catacora, que lleva una década defendiendo el papel del Estado como principal dinamizador de la economía mediante la inversión pública y su argumentación de que esto, que provoca la redistribución de acuerdo a las leyes de mercado, es lo que ha potenciado el consumo interno y con él, el crecimiento extraordinario del PIB durante diez años negaba a la Gobernación de Tarija ese mismo rol en su territorio, poniendo en duda elementales conceptos matemáticos. El Ministro reconoció al fin, en septiembre, que Tarija caminaba hacia la recesión de no invertirse recursos públicos. Eso suponía una aceptación expresa del Plan de Rescate, que básicamente está contemplado para pagar facturas pendientes, que los empresarios constructores reevalúan periódicamente, y permitir avance en otros proyectos. O sea, en la otra óptica, cobrar sueldos atrasados y con suerte, recuperar el empleo perdido.Pese a ello, nada ha pasado. La Gobernación de Tarija ha ido sorteando presiones con lo poco que le queda en caja y banco. El Ministerio, con sus métodos expeditos, se ha ido cobrando sus facturas pendientes y ha ido intermediando por sus aliados, fideicomisos mediante. Pero nada más.En la argumentación del Ministerio para su inacción, el Decreto de Reactivación Económica aprobado por el Gobernador Adrián Oliva y que, pese a su nombre, Arce Catacora parece interpretar como un marco para realizar nuevas licitaciones y no concluir las realizadas por sus socios de partido en la anterior gestión.El núcleo más duro de la Gobernación exhibe leyes y marco autonómico para recordar que la planificación les compete, que no es donación sino préstamo con intereses al tiempo que desempolva la argumentación de otras épocas no tan lejanas.Más allá de la desconfianza del Ministro y de la Autonomía de la Gobernación, lo cierto es que en el marco jurídico actual, Arce Catacora tiene todos los mecanismos para asegurarse de que los recursos que desde su competencia se dispongan de esa manera. Tiene todas las llaves y todos los candados. En ese contexto, no se entiende que hasta la fecha, Tarija y su población, cinco por ciento del total nacional, siga sufriendo los rigores fruto de una época que más convendría olvidar cuanto antes.