Por la senda de la ley

a tres meses de los violentos enfrentamientos que a fines de agosto pasado dejaron cinco muertos, un número indeterminado de heridos y la detención y procesamiento penal de los principales dirigentes del sector. Este miércoles y tras reunirse con el presidente Evo Morales, el nuevo ejecutivo...

a tres meses de los violentos enfrentamientos que a fines de agosto pasado dejaron cinco muertos, un número indeterminado de heridos y la detención y procesamiento penal de los principales dirigentes del sector.


Este miércoles y tras reunirse con el presidente Evo Morales, el nuevo ejecutivo de Fencomin, David Morejón, informó que los cuentapropistas se adecuarán a las nuevas reglas aprobadas para el funcionamiento de su sector, aunque desveló que algunas cooperativas enfrentaran problemas a raíz de la reversión de sus concesiones.


El gobierno promulgó el pasado 20 de agosto las modificaciones a la Ley General de Cooperativas (Ley 356) por las que obligó a las cooperativas adecuar, hasta el 13 de mayo de 2018, su funcionamiento a las disposiciones de ese instrumento legal y dio vía libre a la sindicalización de los trabajadores contratados por los socios cooperativistas.


No obstante, la entonces dirigencia de Fencomin rechazó ese mismo día las modificaciones y el 24 de agosto sus afiliados retomaron el bloqueo de caminos como medida de presión para que el gobierno deje sin efecto los cambios a la norma sectorial.


El objetivo de la movilización cooperativista fue la incorporación a la Ley 356 de su facultad de suscribir contratos directos con empresas privadas y compañías transnacionales, aunque esa exigencia ya había sido rechazada por la Asamblea Legislativa por ser inconstitucional.


Durante dos días ocurrieron violentos enfrentamientos entre mineros cooperativistas y efectivos policiales. Entre las 17.30 y las 18.00 del 25 de agosto, el entonces viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, fue brutalmente torturado y luego asesinado por un grupo de cooperativistas que lo habían secuestrado en horas de la mañana de ese día.


Según se supuso entonces, la muerte del cooperativista Rubén Aparaya Pillco, de 26 años de edad, cerca de Panduro y como consecuencia de dos impactos de bala, habría encendido la furia de los bloqueadores que acabaron con la vida de Illanes.  


El miércoles 24 de agosto habían fallecido en dos puntos de bloqueo en Cochabamba, los cooperativistas mineros Fermín Mamani y Severino Ichota, además de Fredy Ambrosio, muerto tras quedar gravemente herido por la explosión de una dinamita.


Ante este trágico desenlace el gobierno nacional congeló el diálogo con los cooperativistas y la Policía detuvo a los principales dirigentes de Fencomin, a quienes el Ministerio Público acusó de ser los autores intelectuales y materiales de la muerte del viceministro de Régimen Interior.


Y transcurridos tres meses de esos hechos de violencia extrema, es plausible que este miércoles el gobierno y la nueva dirigencia de Fencomin hayan retomado las negociaciones, pero en un marco distendido y muy diferente al que precipitó el enfrentamiento fratricida a fines de agosto.


“Las cooperativas cumplen la norma y los requisitos, y no habrá reversión; seguramente algunas tendrán inconvenientes, pero vamos a tener que enmarcarnos a la ley”, dijo Morejón, electo tras el encarcelamiento de dirigentes sospechosos de haber participado en la muerte de Illanes.


Y aunque 13 cuentapropistas se encuentran recluidos y procesados penalmente acusados de la violenta muerte del viceministro de Régimen Interior, todavía no fue identificado ningún policía como sospechoso de la muerte por impactos de bala de los cooperativistas mineros caídos en esas aciagas jornadas.


Ahora bien, si los cooperativistas mineros han decidido obedecer la ley y asumieron que ninguna reivindicación social, económica, política, regional o sectorial justifica el uso de la violencia y menos atentar en contra del sagrado derecho a la vida; es obligación de las autoridades buscar justicia para las cinco víctimas que dejaron los enfrentamientos del 24 y 25 de agosto.


Es decir, hacer justicia sin privilegios ni miramientos para con nadie, caiga quien caiga, sin importar las consecuencias ni la jerarquía de quienes resultaren responsables de la violenta muerte de Illanes, Arapaya, Mamani, Ichota y Ambrosio. 


Sólo si se castiga a los culpables y se protege a los inocentes se reivindicará el respeto a la vida y se garantizará la vigencia de la ley y de los derechos humanos. ¿No les parece?


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