Pactar en tiempos de crisis

De un Gobierno inicialmente renuente a este debate se ha pasado a un acelerado entusiasmo. 2017 es lo suficientemente alejado de las elecciones como para no contaminar el debate del reparto del pastel de los recursos con electoralismo, pero también lo suficientemente alejado como para que el nuevo sistema empiece a mostrar resultados.El nuevo ritmo implementado parece responder a dos grandes acuerdos: No se va a tocar la renta petrolera, que por otra parte está cada vez más embargada, y no se van a implementar nuevos impuestos importantes.Desde el Ministerio de Autonomías se sugiere la implementación departamental de impuestos sucesorios, de transmisión patrimonial y algunos otros medioambientales; capítulos que no reportarán grandes ingresos. Cualquier Estado, según la ortodoxia, debería financiarse con el Impuesto a las Utilidades, el Impuesto al Valor Añadido y un Impuesto a las Rentas del Trabajo. El Movimiento Al Socialismo no tiene previsto incrementar los tipos en los dos primeros y menos implementar el tercero. La estrategia para aumentar la recaudación se ha basado en incrementar la fiscalización y la represión hacia los contribuyentes y combatir el fraude fiscal con todas las armas, pero no se contempla incrementar la presión fiscal. Más bien al contrario con determinados sectores, como los gremiales.La redistribución de ingresos del Estado, necesariamente va a ir ligado al traspaso de competencias. Actualmente, el Estado sigue administrando los principales servicios públicos como la salud y la educación. Más concretamente, sigue otorgando los famosos “ítems TGN”, que responden a situaciones y necesidades de La Paz en el ámbito financiero y/o político, pero no a las situaciones y necesidades de la prestación de ese servicio. Al nivel central le preocupa menos saber si se necesitan dos o tres médicos en Colón Norte y algún maestro más en Caipirendita que saber a quién se le entregan y a costa de qué.Los departamentos y los municipios, y de forma particular en Tarija por sus años de bonanza económica, están asumiendo cantidad de ítems profesionales para prestar servicios sin las competencias necesarias.El Pacto Fiscal deberá resolver específicamente estos problemas para garantizar una prestación de servicio de calidad y, sobre todo, equitativa en todo el territorio nacional. Para ello es necesario un sistema de financiación adecuado y un sistema que garantice la transparencia en las contrataciones del personal.De lo contrario, un traspaso de competencias entre apetitos personales o partidarios e insuficientemente financiados, contribuirá no solo a ennegrecer la gestión de quienes sean incapaces de implementar el nuevo sistema, sino a seguir minando las bases del Estado Autonómico, cada vez más devaluado, por méritos propios.