Archivos del terror
a fin de que las nuevas generaciones conozcan cómo gobernaron Bolivia y los familiares de los muertos y desaparecidos que dejaron accedan a información que les dé al menos la esperanza de encontrar sus cuerpos.El Canciller explicó –citado por la agencia Efe– que las nuevas generaciones...
a fin de que las nuevas generaciones conozcan cómo gobernaron Bolivia y los familiares de los muertos y desaparecidos que dejaron accedan a información que les dé al menos la esperanza de encontrar sus cuerpos.El Canciller explicó –citado por la agencia Efe– que las nuevas generaciones deben saber cómo fueron los tiempos de la dictadura y que es necesario reescribir la historia y desnudar “el método de la masacre que fue utilizado sistemáticamente para imponer y dominar a los pueblos de nuestra región”.Los archivos desclasificados abarcan las acciones diplomáticas de la dictadura del general Hugo Banzer (1971-1978), parte del siniestro Plan Cóndor; y del gobierno militar del general René Barrientos (1964-65 y 1966-69), durante el cual fue aniquilada la guerrilla de Ernesto Che Guevara, quien fue ejecutado el 9 de octubre de 1967.Banzer participó del Plan Cóndor que vinculó a las dictaduras de Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, que no sólo se trató de una comunidad de inteligencia militar, sino de una alianza y una estrategia de detención, captura, tortura, asesinatos múltiples de dirigentes políticos, sociales y sindicales de izquierda.Organizaciones defensoras de los derechos humanos y el Ministerio Público han solicitado en reiteradas oportunidades a las Fuerzas Armadas que abran sus archivos sobre las dictaduras, pero la respuesta militar siempre fue la misma: los documentos clasificados no existen.No obstante, datos de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofam) desvelan que en los siete de la dictadura banzerista al menos 75 personas fueron desaparecidas, 85 asesinadas y más de 3.500 detenidas, torturadas y exiliadas.Banzer implantó sus campos de concentración en un edificio ubicado al lado del Palacio Legislativo –a pocos metros de la Plaza Murillo– y en la cárcel de Chonchocoro, y en esos centros centenares de estudiantes, dirigentes y líderes políticos y sindicales fueron tomados presos, torturados y muchos de ellos ejecutados.Según el Observatorio de Derechos Humanos y Políticas Sociales, 2.258 personas fueron víctimas de la dictadura de Luis García Meza y de Luis Arce Gómez (1980-1981), quienes –por sus crímenes– purgan una sentencia de 30 años sin derecho a indulto en el penal de Chonchocoro, aunque pasan más tiempo internados en el Hospital del Seguro Social Militar (Cossmil).En ese contexto, el informe “No me borren de la historia. Verdad, justicia y reparación”, publicado por Amnistía Internacional (AI) en 2014, denuncia que “la falta de voluntad política para garantizar la verdad, la justicia y la reparación a las personas que sufrieron violaciones a los derechos humanos durante los regímenes militares (…) condena a las víctimas a ser borradas de la historia”.AI sostiene que durante las dictaduras militares, más de 150 personas fueron desaparecidas, al menos 200 ejecutadas extrajudicialmente y cerca de 5.000 sufrieron detención arbitraria y miles más fueron obligadas a exiliarse.Ahora bien, los dictadores no sólo violentaron los derechos humanos de las y los bolivianos, sino que se enriquecieron a costa de las arcas del Estado, en un escenario de corrupción generalizada sin ningún mecanismo de fiscalización de los recursos públicos.Un informe del Defensor del Pueblo de 2008 desvela cómo la corrupción era una práctica cotidiana de la dictadura banzerista: En 1977 el entonces ministro de Urbanismo, Santiago Ámese Roca, autorizó el desembolso de 5.885 pesos bolivianos como “cuota” para comprar un regalo a Banzer “con motivo de su cumpleaños” y ese monto fue cargado a la partida de “otros servicios no personales”.No obstante, un pueblo se puso de pie para defender su libertad y restituir sus derechos vulnerados, y sin más armas que su coraje y su decisión inquebrantable de vivir en democracia, el 10 de octubre de 1982 derrotó a la dictadura.En ese contexto, es plausible la desclasificación de los documentos diplomáticos de las dictaduras militares. Es un pequeño, pero a la vez un gran paso en la búsqueda de la verdad y la justicia, y un homenaje a cientos de víctimas de la intolerancia y la tiranía.


