Gastos reservados

La polémica se originó tras que Mesa respaldara al líder opositor Samuel Doria Medina (UN), procesado por el caso FOCAS que investiga el traspaso presuntamente ilegal de 21 millones de dólares de fondos públicos a una entidad privada.Según la denuncia del Ministerio Público, Doria Medina, en su condición de ministro de Planeamiento y Coordinación, suscribió el 8 de octubre de 1992 un contrato de préstamo por el monto antes señalado a favor de Funda-Pro, entidad que también se habría beneficiado con un interés menor al que pagaba el Estado a los acreedores.El ex presidente aseguró que expresó su respaldo a Doria Medina en el marco de los “principios democráticos y en defensa del Estado de derecho”, ya que en su criterio los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, imputados al líder opositor, ya prescribieron.Sin embargo, García Linera puso en el tapete la administración de los gastos reservados en los gobiernos que precedieron al actual y la aprobación por parte de Mesa del Decreto Supremo 27345, por el que en 2004 ordenó destruir todos los documentos de descargo sobre esos gastos que su gobierno habría presentado a la Contraloría General de la República.“Yo pregunté a Carlos Mesa bajo qué principio democrático se justificaba quemar documentos de informes de recursos públicos. No me respondió, argumentó temas de seguridad nacional, pero ni los dictadores destruyen sus informes sobre temas de seguridad nacional”, sostuvo García Linera.A través de su cuenta en Twitter, Mesa garantizó que su gobierno cumplió con la rendición de cuentas de los gastos reservados ante la Contraloría General de la República y puso en duda que la Ley Nº 3391 –promulgada por el presidente Morales el 10 de mayo de 2006– y el Decreto Supremo Nº 28686 hayan eliminado la partida y el objeto de los gastos reservados.La repuesta de García Linera no se dejó esperar. “Desde el 23 de enero de 2006, cero gastos reservados, no existe ninguna partida para temas de seguridad de Estado. Se dijo que se elaborará un reglamento que nunca se lo elaboró hasta el día de hoy”, señaló.Sea como fuere, los gastos reservados eran aprobados en el Presupuesto General de la Nación y sujetos a un sistema especial de descargo y de control ante la Contraloría General de la República, por la naturaleza de esos recursos destinados a la seguridad interna del Estado.Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, entre 1990 y enero de 2006 se presupuestaron y ejecutaron 1.464 millones de bolivianos como gastos reservados y los documentos de descargo –una vez presentados al ente fiscalizador– fueron destruidos, tal como mandaba la norma legal de entonces.Sin embargo, ese mecanismo de fiscalización no cerraba el paso a eventuales casos de corrupción. Por ejemplo, en mayo de 2011 el ex contralor Marcelo Zalles (1992-2002) fue imputado por la presunta legitimación de ganancias ilícitas con dineros de los gastos reservados, pero en octubre de 2012 el proceso fue cerrado por una sentencia del Tribunal Constitucional. En ese contexto, si el 31 de marzo de 2010 fue promulgada la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción que establece que los delitos en contra del Estado son imprescriptibles y que sus autores deben ser juzgados con retroactividad, la sentencia que declaró inconstitucional esa potestad archivó los juicios por gastos reservados entre 1985 y 2005.Entonces, si la Asamblea Legislativa decide investigar el manejo de los gastos reservados de los regímenes que gobernaron el país hasta el 21 de enero de 2006, tal como sugirió García Linera, tropezará con al menos dos obstáculos: la falta de documentación que ya fue destruida, pero esencialmente con la sentencia constitucional de octubre 2012.Ahora bien, en el caso del proceso legal contra Doria Medina por el caso FOCAS, será la autoridad competente la que falle si es culpable o es inocente, pero en el marco de un juicio justo y un debido proceso, sin injerencia política y en cuya tramitación se le garantice la presunción de inocencia.