Bolivia, Chile y el litio

El gobierno boliviano acogió con buen agrado la invitación de la presidenta chilena Michelle Bachelet para trabajar de manera conjunta con Argentina y Bolivia la explotación y el desarrollo del litio, mineral del que los tres países poseen las reservas más grandes del planeta, pero rechazó que ese negocio estratégico esté en manos de las trasnacionales.El gerente de la Empresa Boliviana de Recursos Evaporíticos (EBRE), Luis Alberto Echazú, destacó el interés de la presidenta chilena, porque de concretarse el proyecto permitiría el control del mercado mundial a cargo de los Estados.“Cómo es posible que nosotros teniendo esas reservas permitamos que agentes privados controlen el negocio, eso sería algo terrible y que en este momento está sucediendo, porque el único país donde el recurso está controlado es en Bolivia”, dijo Echazú.Durante la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), que se celebró en Quito (Ecuador), Bachelet había indicado que el litio “es un tema que debiéramos trabajar en conjunto. Nuestros tres países tienen las reservas más grandes del mundo y hay todo un potencial ahí de manejo con el tema de la energía renovable”.Bolivia cuenta con una ventaja respecto de Chile y Argentina, porque cuenta con su propio programa de industrialización del litio, ya que ambas naciones vecinas se han limitado a impulsar la comercialización del mineral como materia prima.Los tres países –que conforman el Triángulo del Litio– concentran más de la mitad de las 40 millones de toneladas del mineral que se estima subyacen en el planeta, algo que llevó a la revista estadounidense Forbes a denominar a la región como la “Arabia Saudita del litio”.El litio es el mineral esencial para la fabricación de baterías que utilizan los automóviles eléctricos o híbridos, y ante el anunciado fin de las reservas de petróleo en un futuro no muy lejano, las principales empresas de la industria automotriz diseñan desde hace tiempo prototipos de vehículos eléctricos que, más tarde o más temprano, se implantarán en el mercado.Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, citado en un reporte del diario La Nación de Argentina, Bolivia cuenta, sólo en el Salar de Uyuni, con 5,4 millones de toneladas métricas de litio, lo que constituye el 50% de las reservas de este mineral en el mundo. La segunda reserva en importancia de litio se encuentra en Chile con el 25% del total, y el resto se lo reparten Argentina, Brasil, China, Estados Unidos, Canadá y Australia.Se estima que la demanda mundial de litio crecerá de 95 mil toneladas al año actuales a 250 mil en el año 2020, pues se perfila como la energía del futuro para reactores de fusión nuclear, baterías de alta capacidad para vehículos de propulsión eléctrica y aleaciones livianas de aluminio-litio.En septiembre de 2015, el economista e investigador argentino Julián Zícari desveló la abismal diferencia que existe entre el precio de un kilo de carbonato de litio que en el mercado oscila entre 45 y 90 dólares y “el valor final de una batería (de litio) que se encuentra entre los 10 mil y 20 mil dólares”.En base a ese potencial económico, a mediados de 2014 el entonces Secretario de Minería de la Argentina, Jorge Mayoral, propuso la conformación de una hipotética Organización de Países Productores de Litio para regular la producción de carbonato de litio, controlar el precio e impulsar la fabricación comercial de baterías de litio para vehículos eléctricos, teléfonos móviles y computadoras, entre otros artefactos.No obstante, el mayor obstáculo son las diferencias en las legislaciones de los tres países con las mayores reservas de lito del mundo y que pueden dificultar ese proceso de integración que los beneficiaría sustancialmente con millonarios ingresos económicos.Ahora bien, sea como fuere, lo trascendente es la propuesta de la presidenta Bachelet para trabajar de manera conjunta con Argentina y Bolivia la explotación y el desarrollo del litio. No obstante, habrá que ver si los tres países asumen el gran reto de sentar presencia en el mercado del litio, pero como política de Estado, no mediante las transnacionales que solo velan por sus intereses.