El costo de la revolución de la justicia
El caso Cristian Mariscal, el caso Felipe Moza, el caso Patricia Flores, el caso de la juez Albina Caballero…Cada uno de ellos y no sólo decenas, sino cientos y tal vez miles más caracterizan a la “Justicia” boliviana desde hace décadas. No pocas veces motivaron reveladores reportajes...
El caso Cristian Mariscal, el caso Felipe Moza, el caso Patricia Flores, el caso de la juez Albina Caballero…Cada uno de ellos y no sólo decenas, sino cientos y tal vez miles más caracterizan a la “Justicia” boliviana desde hace décadas. No pocas veces motivaron reveladores reportajes periodísticos que conmovieron al país, especialmente por la crueldad, inhumanidad manifiesta de fiscales y jueces. Lo peor es que como eco adicional, por lo general, todo ha sido complementado por la indiferencia mal disimulada de las autoridades estatales.Indudablemente, una de las más grandes demandas que hoy, y desde hace décadas, manifiesta el pueblo boliviano es una revolución en la justicia. Revolución entendida como una transformación absoluta. La putrefacción del Poder Judicial llegó a sus peores niveles, tanto que huele cada día. Si este viernes nomás nada menos que el propio fiscal de Distrito de La Paz fue hallado en un burdel, ebrio y en horario de trabajo. Por eso, una noticia relativamente esperanzadora constituyó el anuncio del presidente Evo Morales de llamar a una Cumbre de Justicia para abril. Lo realizó en una fecha y un acto harto simbólicos: el décimo aniversario de su llegada al poder y el discurso en el que vertió el balance de esa década. El Presidente reconoció que uno de los mayores problemas del Estado es la calidad de la justicia y prometió una “revolución” para solucionarlo. Adelantó que en la cumbre judicial se tratarán los aspectos de servicios de justicia, recursos humanos, financieros e infraestructura y procesos. Los ejes temáticos a tratar son la designación de autoridades, la retardación de justicia, la formación y control de servidores judiciales y la lucha contra la corrupción en el sistema judicial, entre otros.La cumbre, según se adelantó, se realizará en Sucre y contará con la participación de aproximadamente 3.000 personas. De acuerdo al Gobierno, constituye el espacio idóneo para emprender la “revolución” que necesita la justicia boliviana. Sin embargo, resultaría más sensato considerarla como un primer paso, como una inicial lluvia de ideas. Ésta luego deberá ser debidamente encausada a decisiones y políticas de Estado, bajo férreos compromisos y acciones que, sin duda, chocarían con dura resistencia.Para realizar un diagnóstico y ubicar y jerarquizar los problemas por resolver será provechosa la deliberación de todos los sectores y actores sociales. Sin embargo, para definir los pasos concretos de semejante transformación se requiere del concurso de verdaderos expertos, los mejores estadistas y claras estrategias. Se trata de un desafío monumental que probará con marcada intensidad al partido de Gobierno y a sus aspiraciones de continuidad en el poder. No es poco. Consideremos que virtualmente cada día hay quienes lloran, que padecen impunidad o arbitrariedades denigrantes y hasta mueren por causa de operadores de justicia. Por increíble que parezca, transformar radicalmente la justicia boliviana equivale a estas alturas a algo así como la lucha contra grandes mafias. ¡Vaya tragedia la nuestra! Pero ya sólo los casos citados al comienzo de este editorial bastan para demostrarlo.


