Otra vez Digcoin

La detención del ahora ex responsable de la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin), Ricardo Paniagua, puso otra vez en cuestión la transparencia de la administración, distribución y comercialización legal del arbusto en todo el territorio boliviano. Fue el...

La detención del ahora ex responsable de la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin), Ricardo Paniagua, puso otra vez en cuestión la transparencia de la administración, distribución y comercialización legal del arbusto en todo el territorio boliviano.


Fue el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien confirmó la renuncia de Paniagua, sorprendido el pasado fin de semana transportando hacia Cochabamba 18 taques de coca sin la respectiva hoja de ruta ni la autorización del ente que él mismo dirigía.


“Este señor ha presentado su renuncia para que pueda someterse a una investigación imparcial. La renuncia ha sido presentada al ministro de Desarrollo Rural (César Cocarico), entiendo que el mismo día sábado y ha sido formalizada hoy”, señaló este lunes Romero.


Paniagua fue detenido el viernes pasado en el peaje de la autopista La Paz-El Alto por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) junto a otras dos personas que se encontraban en un vehículo blanco de uso oficial, según informó a la agencia estatal de noticias ABI el director de la FELCC, Gary Omonte.


Ahora bien, las nuevas sospechas sobre el manejo presumiblemente ilegal de la coca se suma a un primer caso en el que fue involucrado el también ex director de Digcoin, Luis Cutipa, quien en octubre de 2013 fue sindicado por el presunto desvío de coca confiscada y el incremento ilegal del costo de renovación de las licencias de venta legal del arbusto.


Cutipa permaneció detenido durante 57 días en el penal de Patacamaya (La Paz) antes de ser acusado por la Fiscalía por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, incumplimiento de deberes, concusión, beneficios en razón del cargo y uso indebido de influencias.


La sindicación del Ministerio Público alcanzó al entonces viceministro de la Coca y Desarrollo Integral, Dionisio Núñez, quien también fue involucrado en el mismo proceso penal.


La Digcoin tiene como objetivo controlar la circulación, el transporte y la comercialización de la hoja de coca en su estado natural, desde las zonas de producción hasta los mercados legales de Villa Fátima en La Paz, Sacaba en Cochabamba y hasta los destinos finales de comercialización al detalle para el consumo tradicional del arbusto en todo el territorio nacional, con el fin de evitar su desvío hacia otros fines ilícitos como la fabricación de cocaína.


Además, es el ente estatal encargado de la promoción de la industrialización de la hoja de coca, mediante la producción agroecológica, la investigación científica, la ejecución de proyectos y la apertura de mercados legales en el marco de la normativa que rige su específica función.


Por ello, es altamente preocupante, por decir lo menos, que dos años después del primer caso, una autoridad cuya principal misión es precisamente fiscalizar el transporte, la comercialización de la hoja de coca y evitar que sea desviada al narcotráfico, se vea involucrada en un grave delito penado por las normas legales.


Según El Deber, Paniagua proviene del Chapare, fue dirigente cocalero de Chimoré y su designación tuvo el aval de las seis federaciones de productores de coca del trópico de Cochabamba.


En ese contexto, el hecho de que el sospechoso sea dirigente cocalero del Chapare, su presunto vínculo con el desvío de coca hacia el narcotráfico constituye un severo golpe a las políticas gubernamentales de control y erradicación consensuada de la coca excedentaria.


Y si Paniagua y eventualmente otras personas resultaren culpables de un hecho criminal luego de ser sometidos a un proceso legal y justo que respete todos sus derechos constitucionales, deberían ser castigados con el mayor rigor posible, pero si la Fiscalía no comprueba sus acusaciones, deberían ser liberados y declarados inocentes.


Sea como fuere, lo que corresponde en este y en otros casos donde fueron involucradas en presuntos ilícitos algunas autoridades en ejercicio, es que deben ser procesadas sin ningún tipo de privilegios ni de prejuicios por su militancia política. ¿No les parece?


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