Emisarios del narcotráfico

El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, admitió la presencia en el territorio boliviano de emisarios de los cárteles internacionales del tráfico de drogas ilícitas que operan en países como Brasil, México y de Centroamérica, pero negó que esas organizaciones criminales hayan asentado sus reales en alguna región del territorio nacional.La información sobre el movimiento de los peces gordos del narcotráfico internacional le fue proporcionada por los servicios de inteligencia de un comando antidroga brasileño que trabaja en estrecha coordinación con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).Según el viceministro de Defensa Social, los emisarios de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas ilegales provienen del Brasil, particularmente del PCC, un cártel que opera desde la ciudad de Sao Paulo, además de los cárteles mexicanos y centroamericanos.La presunta presencia de cárteles internacionales del narcotráfico en Bolivia ha sido utilizada por la oposición política y por el gobierno de Estados Unidos para intentar desacreditar la tarea antidroga del gobierno boliviano.El último informe de 2015 del Departamento de Estado de Estados Unidos señala que “la situación de Bolivia como un importante proveedor del mercado interno de drogas de Latinoamérica ha hecho de este país un potencial refugio para el crimen organizado transnacional” y que habría “identificado que colombianos, brasileños y peruanos participan en la producción y el tráfico de drogas, así como en el lavado de dinero”, aunque no ha presentado pruebas de tales afirmaciones.En ese sentido, según la policía peruana, hasta un 95% de la pasta de cocaína que sale de ese país por aire pasa a través del territorio boliviano y la mayor parte de la cocaína que sale de Bolivia va a otros países latinoamericanos, especialmente a Brasil. Otros cargamentos de cocaína se exportan a Europa o a África occidental y que aproximadamente el 1% de la cocaína incautada en Estados Unidos proviene de Bolivia, indica el informe del Departamento de Estado.No obstante, mientras el gobierno de Estados Unidos reitera cada año que Bolivia ha “demostrado fallas” con sus compromisos internacionales de lucha contra el narcotráfico, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) reconoce el esfuerzo boliviano en la lucha contra ese flagelo social.El viceministro Cáceres confirmó que la presencia de emisarios del narcotráfico internacional en nuestro territorio se debe a que Bolivia es un país de tránsito de la droga peruana, que en su mayor parte tiene como destino Brasil, y rechazó que el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, recientemente recapturado en México, hubiera estado en territorio boliviano.Desde que en noviembre de 2008 la DEA fuera expulsada por el gobierno del presidente Evo Morales, Bolivia coordina la lucha contra el narcotráfico con la Policía Federal del Brasil y sus pares de Perú, Argentina, Chile y Paraguay. Y este 15 de enero el viceministro de Defensa Social informó en la ciudad de Santa Cruz que al menos 39 narco avionetas fueron secuestradas y 20.6 toneladas de cocaína incautadas como resultado de 12.144 operativos ejecutados por las unidades de lucha contra el narcotráfico durante 2015. Además, Bolivia erradicó 11.025 hectáreas de coca ilegal y secuestró cerca de 100 toneladas de droga, entre cocaína y marihuana. Del total de hectáreas de coca ilegal erradicadas, 2.725 corresponden a parques nacionales y se incautaron 132 bienes e inmuebles provenientes del tráfico de sustancias ilícitas.La FELCN aprehendió a 3.072 presuntos narcotraficantes, destruyó 72 laboratorios de cristalización de cocaína, 62 laboratorios de reciclaje, 3.907 pozas de maceración y fábricas de cocaína.Y aunque a diferencia del modelo antidroga de Estados Unidos que privilegia la fuerza, con su secuela de muertos, heridos, violencia y promueve soluciones militares a problemas sociales; Bolivia optó por el respeto a las garantías constitucionales en su lucha contra el narcotráfico, pero no puede ni debe permitir que algún narco cártel se asiente en su territorio.