Otra vez El Abra

Un muerto y dos heridos es el saldo que se registró el pasado viernes en un nuevo enfrentamiento armado entre reclusos de la cárcel cochabambina de El Abra, en un trágico episodio que guardaría relación con un hecho criminal que en septiembre de 2014 –en el mismo penal– cobrara la vida de cuatro reos y dejara a otros 11 con heridas de diversa gravedad.El Ministerio de Gobierno informó que el fallecido fue identificado como Daniel Castro Yovio, de 22 años de edad, quien presentaba una herida de arma blanca. Y mientras Adolfo Morales Hinojosa (40) y Freddy Troncoso Galarza (39) resultaron heridos, un cuarto interno (33) fue aislado como partícipe de la mortal pelea.La cárcel de El Abra es considerada uno de los centros de detención más peligrosos del sistema penal boliviano, ya que la violencia en su interior se desata cada cierto tiempo con el saldo de muertos y heridos.Por ejemplo, la noche del 14 de septiembre de 2014 fue marcada por un trágico tiroteo por “pugnas de poder” entre grupos rivales que comenzó tras un apagón en la mitad de una fiesta dedicada a la Virgen de Urkupiña, patrona de Cochabamba. En los enfrentamientos murieron cuatro personas y 11 resultaron heridas, entre estas una mujer embarazada de cuatro meses que había ingresado a la cárcel para asistir a la fiesta y perdió a su bebé al ser alcanzada por uno de los disparos.Los cuatro presos que entonces fallecieron eran bolivianos, entre ellos Sergio Arce Araníbar, alias “Lucifer”, quien en 2008 había sido deportado desde Estados Unidos a Bolivia acusado de homicidio. Las autoridades vincularon a Arce con una peligrosa pandilla centroamericana denominada Mara Salvatrucha y era el líder de uno de los grupos de reos que se enfrentaron aquella noche.Los reclusos que protagonizaron esos hechos luctuosos implicaron a algunas autoridades, entre ellas a una jueza, quien fue suspendida e imputada por presuntamente conocer de los ilícitos que se cometían en El Abra y no hacer nada.Los sospechosos fueron acusados por la supuesta comisión de delitos de concusión, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, beneficios en razón del cargo y asociación delictuosa.El 2 de octubre de 2014, es decir, 19 días después de la matanza, el chileno Ramón Eduardo Gauna Vivar huyó del penal considerado de “máxima seguridad” de Cochabamba y desde entonces la Policía lo busca como al líder de una peligrosa banda de ‘monrreros’ que opera en Cochabamba.Además y como muestra de la inseguridad que reina en las cárceles bolivianas, en agosto de 2013, durante un enfrentamiento en el penal de Palmasola de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra 35 reclusos murieron, entre ellos tres extranjeros y un bebé de 18 meses.En ese contexto, se cree que la pelea ocurrida el viernes pasado en el penal de El Abra estuvo relacionada con el trágico enfrentamiento del 14 de septiembre del año pasado, ya que hace una semana se iniciaron las audiencias del proceso legal por la matanza de entonces.No obstante, el crónico hacinamiento de las cárceles bolivianas como consecuencia de la grave retardación de justicia, ha sido la chispa que encendió la extrema violencia al interior de los recintos penales, con un saldo fatal de decenas de muertos y heridos.Según el Defensor del Pueblo, nuestro país cuenta con el mayor número de presos sin sentencia en toda América Latina con un 84%, seguido de Paraguay con el 71%; mientras que Chile registra el menor porcentaje con el 16%. Respecto de la sobrepoblación en los penales bolivianos, un estudio de la OEA señala que en diciembre de 2012 Bolivia tenía el mayor nivel latinoamericano de hacinamiento en sus cárceles después de El Salvador y Haití que presentan un 300% y un 218% de sobrepoblación, respectivamente.En Bolivia el nivel de hacinamiento alcanzaba al 202%, ya que la infraestructura del total de las cárceles puede albergar hasta 4.880 detenidos, pero los reos superaban los 13.000. Ahora bien, el otorgar condiciones dignas de reclusión y en el marco del respeto de los derechos humanos de las personas recluidas por la comisión de algún delito no debe quedar sólo como un postulado de la Ley de Ejecución Penal, sino que es obligación del Estado garantizar su cumplimiento y defender la vida de todos los internos. Sólo así evitaremos que la violencia se apodere otra vez de El Abra. ¿No les parece?