¿Y la libertad de expresión?

“Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas, por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos”, señala el artículo 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA.Es que los monopolios u oligopolios en los medios representan un serio obstáculo al derecho de todas las personas a poder expresarse y a recibir información, porque uno de los requisitos fundamentales del derecho a la libertad de expresión es la necesidad de una amplia pluralidad en la información. El control de los medios de comunicación en forma monopólica u oligopólica alienta la hegemonía del discurso y atenta directamente a la pluralidad de voces, y si esta es afectaba, pierde la democracia.Porque cuando las fuentes de información son reducidas en su cantidad, como es el caso de los oligopolios, o a una única fuente, como los monopolios, se facilita que la información que se difunda no cuente con los beneficios de ser confrontada con aquella procedente de otras fuentes, limitando el derecho a la información de toda la sociedad.En ese contexto, resulta preocupante que el recientemente posesionado presidente argentino, Mauricio Macri, haya asumido con inusitada celeridad y sin esperar que el nuevo Congreso entre en funciones, su decisión de derogar la ley antimonopólica de los medios audiovisuales, al suprimir los entes que velaban por su cumplimiento.El argumento de la nueva administración gubernamental argentina es “acabar con la guerra contra el periodismo”, que le reprocha a la ex presidenta Cristina Kirchner.Fue el jefe de gabinete, Marcos Peña, quien anunció este miércoles en la Casa Rosada la fusión de las autoridades federales de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) bajo la tuición del Ente Nacional de Telecomunicaciones, única instancia estatal que “regulará” a futuro a los medios de comunicación.No obstante, la fusión de AFSCA y AFTIC estuvo presidida por una intervención policial de hace una semana a sus instalaciones con una orden judicial de desalojo de sus autoridades designadas al amparo de la Ley de Medios de 2009, promulgada con el apoyo casi unánime del Congreso de entonces y a iniciativa de la hoy ex presidenta Kirchner (2007-2015).“Comienza una política del siglo 21. Hoy, por decisión de Macri, se termina la guerra contra el periodismo”, dijo Peña, citado por AFP, en alusión al duro y largo enfrentamiento del todopoderoso grupo de multimedios Clarín, uno de los más grandes de Latinoamérica, y el gobierno peronista de centroizquierda que lideró Kirchner.La Ley de Medios obliga a los grupos con posesiones hegemónicas en televisión por cable y de señal abierta y en radio a desprenderse de algunas unidades de negocios. El grupo Clarín logró impedir que se le aplicara la norma con una batalla judicial. Además, Peña anunció el envío de un proyecto de una nueva Ley de Medios, pese a que sólo una semana después de asumir Macri, el 10 de diciembre, decenas de miles de manifestantes se congregaron frente al Palacio del Congreso en defensa de la Ley de Medios que permitió otorgar centenares de licencias a nuevos emisores audiovisuales de contenidos.En los hechos, lo que Peña denominó “guerra” fue una puja en la que medios de Clarín denunciaban que la ex presidenta argentina quería silenciarlos y el gobierno respondía que era una excusa para defender intereses de grandes grupos económicos.Ahora bien, lo que previamente busca Macri, un político liberal de derechas, es construir una base de poder que permita a su bancada legislativa enfrentar la batalla congresal para sustituir la vigente Ley de Medios por el proyecto de ley que enviará al Congreso, donde el oficialismo no cuenta con mayoría.Sin embargo, lo que en realidad pretende Macri es restituir el poder que pudo haber perdido el grupo Clarín, cuyos medios apoyaron su candidatura presidencial, y restablecer el monopolio del que disfrutaba el todopoderoso grupo multimedia hasta antes de la vigencia de la incómoda ley antimonopólica de los medios audiovisuales. Es decir, Macri quiere fortalecer la inmensa y absurda injerencia que tiene Clarín en los medios de comunicación argentinos. Así de claro.