Batallas por el referéndum

A menos de dos meses del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016, cuando el pueblo boliviano dilucide con su voto si apoya o rechaza la reforma parcial que modifique el artículo 168 de la Constitución Política del Estado respecto de la reelección del Presidente y del Vicepresidente, dos factores se perfilan para influir decididamente en la opción del voto de 6 millones de electores habilitados.Estos dos factores, considerados clave por analistas políticos, son los logros en materia económica y social que alcanzó el gobierno del presidente Evo Morales y los casos de corrupción que han dejado una profunda huella en los casi 10 años de administración del Estado por parte del Movimiento Al Socialismo (MAS). El vigente artículo 168 de la Carta Magna prescribe que “el periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”, posibilidad que ya es posible por parte de los actuales mandatarios, ya que ya fueron reelectos por única vez.No obstante, el artículo 411 de la Carta Magna abre las puertas para una eventual reforma total o parcial de la Constitución, y ésta última es la vía por la que apuesta el oficialismoEn este contexto, el pasado 26 de septiembre la Asamblea Legislativa Plurinacional sancionó la Ley de Reforma Constitucional con el respaldo de más de dos tercios de los 153 asambleístas presentes en el hemiciclo parlamentario. El escenario de la campaña con miras a esa consulta popular halló en los muros de las ciudades más grandes del país uno de los espacios donde los partidarios por el SI y por el NO protagonizan una batalla grafítica,donde el gran perdedor es el propietario del inmueble, sea privado o una institución pública, que ve cómo su pared es pintarrajeada.Un segundo escenario donde se libra esa batalla electoral es la interpretación de los resultados que arrojan las encuestas preelectorales. Si el resultado de la muestra dice que gana el SI, celebra el oficialismoy protesta la oposición, y si el resultado señala que gana el NO, celebra la oposición y protesta el oficialismo.Pero no hay que perder de vista que los datos arrojados por una encuesta sólo son una fotografía en un momento y lugares determinados sobre la intención del voto, basados en la muestra que se seleccionó para el levantamiento de los datos y tomando en cuenta el margen de error que pudiera tener.Un tercer escenario, el más polémico de este proceso pre electoral, es sin duda el uso de los logros gubernamentales para promover el voto por el SI, y los casos de corrupción, en los que fueron involucrados algunos prominentes políticos masistas, para pedir el voto por el NO.Los partidarios del SI utilizan como banderade campaña el sostenido crecimiento económico –pese a la crisis internacional-, la disminución de la pobrezadel 60% en 2002 al 39% en 2014, y de la extrema pobreza del 37% en 2002 al 17% en 2014, el alto nivel de las reservas internacionales que alcanzan al 42% respecto del PIB, la nacionalización y el inicio de la industrialización de los hidrocarburos, el pago de los bonos de alcance social, entre otros. En tanto que los promotores del NO relativizan estos logros económicos y dicen que fueron posibles gracias a los altos precios de las materias primas y un contexto económico internacional muy favorable y cuya bonanza económica “el gobierno no supo aprovechar” de mejor manera.La oposición pide que los electores voten por el NO y apunta como argumentos los casos de corrupción en YPFB y en el Fondo Indígena, en los que fueron involucrados prominentes dirigentes masistas y de los movimientos sociales, y denuncian que Evo “quiere eternizarse” en el poder para instalar supuestamente “una dictadura”.En respuesta, el oficialismo recuerda que durante el neoliberalismo,Bolivia se debatía en un crónico déficit fiscal y que los corruptos estaban a buen recaudo, protegidos por quienes hoy critican a Evo y que no quieren ver que en los últimos 10 años la justicia pronunció 129 sentencias condenatorias por delitos de corrupción y el Estado recuperó 845 millones de bolivianos (121 millones de dólares) de manos de los corruptos.En ese contexto, los bolivianos cierran este 2015 con la mente puesta en las urnas que dentro de 56 días emitirán una sentencia inapelable, ya sea por el SI o por el NO.