Explotación laboral

Un operativo realizado en la provincia argentina de Buenos Aires llevó este martes al rescate de 311 víctimas de trata de personas, en su mayoría provenientes de Bolivia, Paraguay y Perú, que eran explotadas laboralmente y bajo fuerte custodia armada, informaron fuentes fiscales.Según informa la página web de las fiscalías argentinas, citado por la agencia Efe, el allanamiento fue realizado en una finca ubicada en la localidad bonaerense de Abasto, a 15 kilómetros de la ciudad de La Plata, la capital provincial, y entre las personas rescatadas hay 72 menores de edad.Las autoridades constataron que el 90 por ciento de los rescatados son bolivianos, paraguayos y peruanos, mientras que el resto tiene nacionalidad argentina y proviene de la norteña provincia de Salta.El operativo policial  surgió a partir de una denuncia en la que se señalaba que los trabajadores “realizaban tareas vinculadas al cultivo de hortalizas en jornadas que iban de lunes a lunes, desde las 06.30 hasta la puesta del sol, con un promedio de 12 a 14 horas diarias”.La página web de las fiscalías argentinas señala que por la labor que realizaban en el campo, los trabajadores percibían en promedio 2.25 dólares  por hora (unos 15.6 bolivianos), pero habitualmente el pago se dilataba.Las personas rescatadas vivían en casillas de chapa y madera, en condiciones precarias y, según la declaración de vecinos, el lugar era vigilado todo el tiempo por personas armadas, como resultado del operativo dos personas resultaron detenidas y deberán declarar por encontrarse acusados de ser encargados del establecimiento.Hace solamente 10 días, la directora de la Dirección de Igual de Oportunidades (DIO) de Oruro, Pierina Fortún, informó sobre dos adolescentes bolivianas, de 14 y 16 años, respectivamente, que habían sido rescatadas de Argentina, donde eran víctimas de explotación laboral en talleres de costura.Según el Convenio No. 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para calificar como víctima de trabajo forzoso, un trabajador debe estar imposibilitado de abandonar su trabajo a causa de una amenaza de castigo y debe realizar un trabajo en contra de su voluntad.Un reciente  informe global de la OIT, intitulado El costo de la coacción, señala que “la mayoría de las veces, las personas víctimas del trabajo forzoso trabajan durante jornadas más largas y más días por semana que los trabajadores libres, a veces hasta 16 horas diarias y siete días por semana y las horas extraordinarias no se retribuyen según tasas superiores a las correspondientes a las horas ordinarias de trabajo”.Además de estar obligados a trabajar más horas por día, los trabajos excesivos incluyen a veces el trabajo de otros miembros de la familia, incluyendo los niños, que contribuyen a la producción de bienes y servicios sin recibir retribución alguna.En ese contexto y aunque la explotación con fines sexuales es la más extendida por el mundo, también existe la esclavitud en otros rubros del mercado laboral. La mayoría de los explotados son hombres de edad media y bajo nivel educativo. Un informe de la Alianza Global Contra el Trabajo Forzoso, publicado por la OIT, calcula que al menos 12.3 millones de personas son víctimas de esta situación en todo el mundo. De ellas, casi 10 millones son explotados por agentes privados y más de 2.4 millones realizan trabajos forzosos como consecuencia de la trata.Las cifras más elevadas corresponden al Asia con 9.5 millones, seguida por América Latina con 1.3 millones, África con 660 mil y los países industrializados con 360 mil personas. Estas cifras confirman el alcance global de estos problemas.Ahora bien, según el Convenio sobre el Trabajo Forzoso de 1930, del que Argentina y otros países de América Latina son signatarios, corresponde que los sospechosos de trata e imposición de trabajo forzoso sean sometidos a la justicia y procesados en los tribunales correspondientes.En virtud de aquel convenio, las autoridades argentinas no deberían dejar que se imponga el trabajo forzoso u obligatorio en provecho de particulares, de compañías o de personas jurídicas de carácter privado.En ese contexto, es plausible la intervención de las autoridades argentinas que rescataron a 311 personas sometidas a explotación laboral, pero esa medida debería ir acompañada por la acción de la ley sobre quienes resultaren responsables de esa vulneración de los derechos humanos.