Poder del narcotráfico

La madrugada del viernes pasado, la jueza Vivian Gonzáles, del Juzgado 15º de Instrucción en lo Penal Cautelar de la ciudad de Santa Cruz fue detenida preventivamente a la cárcel de Palmasola acusada de presunto prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, por haber liberado a un jefe policial que había sido detenido en posesión de 42,7 kilos de cocaína.“Tenemos un mandato de combatir la corrupción, caiga quien caiga, y vamos a ser implacables con ello. Lamentablemente algunos jueces no acompañan este trabajo y mucho menos en casos que tienen que ver con el narcotráfico”, aseguró el director de Sustancias Controladas de la Fiscalía General del Estado, Freddy Larrea.La jueza encarcelada había recibido duras críticas por parte de la Fiscalía y del gobierno tras dejar en libertad provisional y con medidas cautelares sustitutivas a la detención preventiva, al coronel Juan Carlos Tapia Mendoza, comandante del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip) de la ciudad de El Alto.Tapia Mendoza fue detenido el mismo día en la que efectivos de la FELCN allanaron su domicilio ubicado en la calle Las Bandurrias, Nº 2270, del barrio Los Ángeles, de la ciudad de Santa Cruz. Según las investigaciones, Tapia realizaba frecuentes viajes no oficiales a la capital cruceña, pese a estar destinado a El Alto. Esto puso en alerta a la fuerza antidroga y luego de dos semanas de seguimiento, en coordinación con el Ministerio Público, allanaron el domicilio del sospechoso.Una vez detenido, el jefe policial fue imputado por tráfico de sustancias controladas y remitido bajo la tuición de Gonzáles, a quien la Fiscalía había solicitado que determine la detención preventiva del acusado y su ingreso en la cárcel de Palmasola, pero la jueza le otorgó medidas sustitutivas a la privación de libertad.No obstante, el caso del coronel Tapia Mendoza no es el primero en el que un alto jefe policial es procesado por su presunta relación con el narcotráfico. En marzo pasado fue detenido el ex comandante de la Policía Boliviana y ex director de la FELCN, general Oscar Nina, acusado de blanqueo, enriquecimiento ilícito y de vínculos con el prófugo narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.Además, el caso más sonado de vínculos entre altos jefes policiales y el narcotráfico fue la detención del ex director de la FELCN, coronel René Sanabria, acusado por la justicia de Estados Unidos de conspiración para traficar cocaína hacia ese país.En ese contexto, es impresionante el inmenso poder económico del narcotráfico: sólo en ventas minoristas mueve anualmente 320.000 millones de dólares a nivel global, mientras que los ingresos por el tráfico de drogas en los países de América alcanza a 150.000 millones de dólares, según estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).El narcotráfico no tiene ni respeta fronteras y su poder es tal que corrompe a funcionarios de instituciones que –paradójicamente– tienen su razón de ser y existir en combatir el delito y proteger a la sociedad de la acción de los grupos delincuenciales y del crimen organizado.Ahora bien, el poder del narcotráfico no sólo corrompió a algunos jefes de la Policía Boliviana sino que ese flagelo social también tiene en la mira a altos oficiales de los organismos de seguridad de los países vecinos.Es el caso de la reciente detención del comandante policial peruano Sandro Salinas Pinto, quien junto a 65 efectivos policiales que supuestamente cumplían misiones contra el narcotráfico en el Altiplano, terminaron vendiéndose a las mafias de la cocaína, informa el diario La República. Fue capturado cuando se aprestaba a enviar 23 kilos de cocaína a BoliviaEn ese contexto, la Fiscalía justificó la detención preventiva de la jueza Gonzáles en el marco del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal que faculta al fiscal a ordenar la aprehensión del imputado, cuando sea necesaria su presencia y existan suficientes indicios de que es autor o partícipe de un delito de acción pública sancionado con pena privativa de libertad.Ahora bien, sólo un tribunal dirá si la jueza Gonzáles y el coronel Tapia son culpables o inocentes de los cargos que enfrentan, pero un hecho es innegociable para nuestra democracia: no bajar la guardia en la lucha contra el narcotráfico y sancionar toda severidad a quienes resulten culpables en el marco de un debido proceso.