Fondo indígena

La ex ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Julia Ramos, el senador por el MAS, Jorge Choque, y el candidato a gobernador de Chuquisaca y disidente del MAS, Damián Condori, son acusados de contratos lesivos al Estado, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.Mientras Ramos fue encarcelada preventivamente en el penal de mujeres de Obrajes, Condori fue enviado a la cárcel de San Pedro y Choque se benefició con la detención domiciliaria en vista que, por su condición de senador, la ley impide que sea detenido preventivamente en un centro penitenciario.Además, el fiscal de Distrito de La Paz, Marcelo Rollano, confirmó que la ex ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, será citada en los siguientes días a declarar en el marco de las investigaciones.En ese contexto y a la decisión asumida por el juez anticorrupción de la ciudad de El Alto, Ricardo Pinto Olmos, se sumó el trámite iniciado por el Ministerio Público para la anotación preventiva de los bienes de los imputados. Por el caso Fondo Indígena se encuentran detenidos los ex directores ejecutivos Elvira Parra y Marco Antonio Aramayo, y el ex funcionario Édgar Foronda, entre otros, todos acusados por incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito. Desde el 2009, el directorio del Fondioc aprobó 3.177 proyectos y de éstos 1.100  recibieron al menos un desembolso para su ejecución y 2.077 no recibieron recursos.A fines de agosto pasado, la entonces interventora y hoy liquidadora del Fondioc, Lariza Fuentes, desveló que en seis meses de trabajo se identificó 30 proyectos “fantasmas” y 713 inconclusos por 102.2 millones de bolivianos, que sumados a los 71 millones denunciados por la Contraloría General del Estado, sumarían 173,2 millones de bolivianos de presunto daño económico al Estado.Antes, el 12 de febrero, el contralor Gabriel Herbas denunció que una auditoría realizada al Fondioc desveló un daño económico por 153 proyectos que nunca se habrían ejecutado, pero que sí recibieron pagos anticipados con recursos del Estado.La corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que perjudica a las instituciones democráticas, desacelera el desarrollo económico y contribuye para la inestabilidad política, destruye las bases de las instituciones democráticas, socava el imperio de la ley y deslegitima la burocracia. Es decir, la corrupción daña y atenta contra los pueblos de muchas formas, ya que representa una grave amenaza para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley.Ahora bien, las investigaciones desvelaron indicios que apuntan a que Ramos, Choque y Condori habrían sido partícipes de hechos de corrupción en el manejo de los recursos del Fondioc, pero se torna necesario que las mismas se mantengan en el ámbito jurisdiccional y no se contaminen con injerencias de tipo político que la desvirtuarían en su esencia.En ese contexto, es prioritario que el Estado prevenga la comisión de delitos y castigue con el mayor rigor de la ley a quienes resulten culpables, pero también garantice la vigencia de la presunción de inocencia de los acusados, derecho protegido por el artículo 116 de la Constitución Política del Estado.Es que la presunción de inocencia y el juicio previo son dos caras de una misma moneda: uno es culpable sólo después de que en un juicio justo, llevado mediante un debido proceso, se declare su culpabilidad.Es decir, todo ser humano es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, en este sentido, la culpabilidad es la que debe demostrarse y no así la inocencia, pues de no existir este principio lógico todos serían culpables hasta que no se demuestre lo contrario, lo cual sería una vulneración a la dignidad y seguridad de cada ser humano.