La (casi) imposible lucha contra el contrabando
Una evaluación del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) señala que Bolivia pierde cada año cerca de 300 millones de dólares debido al contrabando. Parece ser algo conservadora si se consideran otras investigaciones. Por ejemplo, un trabajo financiado por la Cervecería...
Una evaluación del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) señala que Bolivia pierde cada año cerca de 300 millones de dólares debido al contrabando. Parece ser algo conservadora si se consideran otras investigaciones. Por ejemplo, un trabajo financiado por la Cervecería Boliviana estableció que sólo en bebidas alcohólicas el país pierde 101 millones de dólares por contrabando. El mismo informe cita que las autoridades aduaneras escasamente realizaron incautaciones en ese rubro por un valor de 17 millones de dólares. El desbalance resulta notable. Y claro, si se trata sólo de bebidas, vaya uno a imaginar lo que toca al universo de productos que llegan vía contrabando. Pero, pese a la relativa magnitud de las cifras, el contrabando para Bolivia tiene otras, mayores y muy complejas connotaciones. La primera constituye la imposibilidad de que se pueda realizar una lucha siquiera medianamente exitosa. Las fronteras bolivianas resultan literalmente imposibles de controlar. Su ubicación geográfica convierte al país en un lugar donde ni un Estado cientos de veces más fuerte podría siquiera vigilar el contrabando. Sólo Tarija tiene más de 500 kilómetros de fronteras con los dos países vecinos del sur. Internamente las dificultades son también, por ahora y quién sabe cuánto tiempo más, inmanejables. Bolivia desde hace décadas no logra disminuir ese 65 por ciento de mano de obra que ocupa el comercio informal, es decir, básicamente, el contrabando. ¿Se imagina el sacudón social que implicaría una política altamente restrictiva de los productos que entran por esa vía? En suma, actualmente, hablar de lucha contra el contrabando equivale a desproporción absoluta y corrupción endémica. Incluso se puede hallar algunos círculos virtuosos y de explícito beneficio para la economía nacional. Por ejemplo, aquellos grupos de comerciantes que compran en Iquique (Chile) y venden a los brasileños en Cobija, sacando su correspondiente rédito. Y hay otras rutas similares. Pero al margen de esos fenómenos singulares hay sombras muy oscuras. Al tener características represivas y policiacas por su naturaleza ilegal, el contrabando suma para sí socios peligrosos. Por donde pasan artículos de primera necesidad, de todo porte y peso, pueden pasar otras “mercaderías”. Narcotraficantes, tratantes de blancas, traficantes de armas y otros delincuentes rondan por las rutas del contrabando. En ese escenario, sólo resta a futuro una solución al problema del ingreso de mercaderías ilegales: una apuesta sin precedentes para hacer competitiva, de base ancha y oportuna a la industria nacional. Urge una apuesta por la que lo que se produzca en Bolivia sea de mejor calidad y precio competitivo frente a lo que llega al país. Resultan imprescindibles políticas de Estado que por lo menos permitan compensar complementariamente exportaciones con importaciones. Los tiempos de la bonanza fueron los ideales para ese fin, pero nunca es tarde. Por ahora, tal cual informó recientemente una nota de El País eN en estas fechas de fin de año, cada día 15 personas se incorporan al comercio informal. Es decir, el circuito del contrabando incrementa un recluta a lo largo de toda la jornada laboral.


