Hacinamiento carcelario

La iniciativa gubernamental de indultar presos por “causas humanitarias” entre los años 2013 y 2015 favoreció a 4.118 personas privadas de libertad de las cárceles de Bolivia, lo que redujo en un 25% el hacinamiento carcelario, es decir la población carcelaria bajó de 17.400 a 13.200 aproximadamente, informó este miércoles el ministro de Gobierno, Carlos Romero.Durante ese periodo de tiempo el presidente Evo Morales aprobó cuatro decretos supremos, marco legal que, ya sea por indulto o por amnistía, atenúo las inhumanas condiciones en las que cumplen su castigo quienes fueron sentenciados por la comisión de algún delito, que son la minoría, y aquellos que permanecen detenidos preventivamente a la espera de un proceso debido.No obstante que la reducción de la población penal en un 25% es un trascendental paso para reducir el hacinamiento, choca con una crónica retardación de justicia que representa uno de los problemas más lacerantes que desencadena en la sobrepoblación y en la violencia en las cárceles bolivianas, según datos del texto “Bolivia: Realidad Penitenciaria”, publicado por la Pastoral Penitenciaria Católica de Bolivia, de Cáritas.El texto vincula la retardación de justicia y la detención preventiva como la causa principal del hacinamiento carcelario, y apunta a las modificaciones del Código de Procedimiento Penal –mediante la Ley 007– que eliminó el derecho a medidas sustitutivas a la detención preventiva para los acusados reincidentes.Esto ha derivado, según Cáritas, en el incremento del hacinamiento en las cárceles “que se llenan de personas detenidas en condición preventiva, sin considerar su inocencia o culpabilidad”.Los datos que arroja esa investigación indican que la población penitenciaria pasó de 7.442 reos en 2001 a 14.272 en 2012, mientras que la infraestructura de los penales bolivianos tiene capacidad sólo para albergar a 5.061. En ese sentido, el informe desvela que en los últimos 10 años el hacinamiento en las cárceles bolivianas creció en un 326% y, en este contexto, es que la decisión presidencial de indultar al 25% de la población penal tuvo un efecto limitado en el hacinamiento de los centros de reclusión.De acuerdo con la responsable de sistematización de Cáritas, María del Carmen Michel, el 84% de la población penal sigue sin sentencia condenatoria y sólo un 16% cumple su condena. De esta manera, el hacinamiento se agudiza porque la mayor parte de los reclusos cohabita en pequeñas celdas, a veces junto a sus esposas e hijos.Según Michel hasta el 2012, al menos 910 niños y niñas de entre seis y 12 años convivían junto a sus progenitores en las cárceles, aunque esta cifra era inferior respecto de 2007 cuando vivían en las cárceles 1.409 menores de edad.Además, la situación de salud y de alimentación de los detenidos es muy precaria, ya que existe en promedio un psiquiatra por cada 7.136 reclusos, un cocinero por 2.379, un odontólogo por 1.784, una trabajadora social por 1.189, un abogado por 1.098 y un médico por cada 1.019 personas privadas de libertad.Cáritas constató que el pre diario destinado a la alimentación, en unos recintos llega a 6,60 bolivianos por día, una cantidad “que no logra cubrir de manera suficiente la alimentación de las personas, especialmente de los más pobres y abandonados en las cárceles”.Según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Bolivia es el país latinoamericano con más hacinamiento de su población penal y asegura que mientras en 2001 existía un privado de libertad por cada 1.112 habitantes, en 2012 esa relación era de uno por cada 728 habitantes del país.En ese contexto, el indulto a las personas detenidas en los reclusorios del país, debe ir acompañada por la reducción de la dramática retardación de justicia, que no sólo es el principal factor que llena de detenidos las cárceles bolivianas, sino que viola los más elementales derechos de las personas privadas de libertad.La democracia boliviana no debe olvidar que mientras no exista sentencia toda persona tiene el derecho a ser presumida inocente y a ser tratada como tal, ya que en materia de derechos fundamentales no existen medias tintas ni equidistancia posible: o se respetan o se vulneran.