El contrabando

Los operativos fueron realizados con el apoyo de dos helicópteros del Ejército que sobrevolaron la región por donde las autoridades tenían conocimiento que circulan camiones que desde Chile internan productos de manera ilegal hacia Bolivia.Los operativos se realizaron entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, y permitieron detener un total de diez camiones, dos de ellos cargados de electrodomésticos y ocho que transportaban cajonería y ropa nueva. Según la presidenta de la Aduana, los funcionarios aduaneros y de las fuerzas de seguridad que apoyaron los operativos fueron agredidos por pobladores de la zona y por contrabandistas cuando detuvieron a los camiones.Desde fines de octubre pasado, la Aduana emplea helicópteros para rastrear desde los cielos las rutas que utilizan los contrabandistas para internar ilegalmente productos al país. Una vez que los helicópteros identifican a un camión cargado de mercaderías de contrabando dan la alerta y los funcionarios aduaneros abordan el mismo.Según el general Omar Salinas, quien coordina las tareas que asume el Ejército en las operaciones de decomiso, a los dos helicópteros que coadyuvan la lucha contra el contrabando se sumarán cuatro aparatos para que esa labor de vigilancia aérea sea extendida a los departamentos de Tarija y Potosí la siguiente semana.No obstante que los costes de operación por cada dos horas de vuelo de un helicóptero ascienden a 2.520 bolivianos, los resultados obtenidos en los tres primeros días de implementación de la nueva estrategia anti contrabando justifican plenamente aquella inversión.Si en el primer semestre de 2014 se confiscaron mercaderías por 27 millones de bolivianos o si en el primer semestre de este 2015 se incautaron productos por un valor de 43 millones de bolivianos, en sólo tres días y con el apoyo de helicópteros la Aduana logró decomisar mercancías por un valor de 7 millones de bolivianos.Además, de acuerdo con datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), a consecuencia del contrabando la pérdida de recaudaciones fiscales representaría por año para Bolivia al menos 300 millones de dólares (alrededor de 2.088 millones de bolivianos). Esta pérdida cuantitativa incluye lo que el país dejaría de recaudar por la internación ilegal de mercancías y lo que pierde por el contrabando de carburantes subvencionados por el Estado hacia países vecinos.En ese sentido, durante los últimos meses se instalaron 60 puntos de control fijo aduanero en los que trabajan 420 efectivos, entre cuadros y tropa, sumados a otros 12 nuevos puestos del Control Operativo Aduanero (COA) instalados en octubre pasado y atendidos por 120 funcionarios.En ese contexto, la caída de la cotización de los granos en el mercado interno y el ingreso ilegal de mercancías de países vecinos, principalmente de Argentina y Brasil, atribuido a la depreciación del peso argentino y al real brasileño, estrangulan a los productores bolivianos de azúcar, arroz, maíz, soya, trigo y lácteos. Según el periódico El Deber, la dirigencia sectorial pidió al gobierno promulgar un decreto supremo que prohíba incluso la importación legal de dichos alimentos por un periodo de seis meses.La compleja realidad que pasan esos sectores productivos fue revelada por el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda, quien indicó que la baja de precios y el flagelo del contrabando liquidaron al sector arrocero y ahora amenazan con dejar igual efecto a los actores de la cadena productiva oleaginosa, azucarera y láctea.El contrabando representa una competencia ilegal, desigual y desleal con las empresas legalmente constituidas en el país, empresas que producen, que pagan sus impuestos y crean fuentes de trabajo. El contrabando desincentiva la inversión privada y –como consecuencia– la producción y la generación de empleo formal.Por ello, el fortalecimiento de la lucha contra el contrabando no es ni debe ser visto como un gasto sino como una inversión destinada a incrementar las recaudaciones tributarias y apuntalar la industria y el desarrollo nacional.