Contra la caza furtiva

escenario de matanzas de ese camélido suramericano protegido desde mediados del siglo pasado por un acuerdo suscrito por cinco países de la región.Representantes de la Gobernación de Potosí, de la Policía, del Ejército, del Ministerio Público y de la Corte de Justicia de ese departamento se reunieron este 15 de octubre y convinieron los primeros pasos para pasar del discurso a la acción que permita frenar de manera efectiva la caza furtiva de la vicuña, delito en el que están involucrados facinerosos que se dedican a la comercialización ilegal de su preciosa lana.En esa reunión –según el gobernador potosino Juan Carlos Sejas– se acordó la conformación de dos comisiones: la primera se encargará de elaborar un Plan de Seguridad para los hábitats naturales de la vicuña y la segunda redactará una propuesta jurídica que será remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional para endurecer el castigo a los cazadores furtivos.Entre el 12 y 14 de septiembre pasado, alrededor de 100 vicuñas fueron abatidas por cazadores clandestinos en las regiones potosinas de Villa Candelaria y Bella Vista del municipio de Colcha K, provincia Nor Lípez. Entonces, la denuncia de la matanza fue denunciada a la prensa por Segundino Quispe Mamani, alcalde de ese municipio.Esa matanza se sumó al menos a otras cinco consumadas en lo que va del año por los cazadores furtivos. En agosto, seis depredadores masacraron a 12 vicuñas, pero cuando intentaban huir dos de ellos fueron aprehendidos por los comunarios y puestos a disposición de la justicia.Pero tres meses antes, el 27 de mayo y en proximidades de la frontera con Chile el Servicio Nacional de Áreas Protegidas se incautó de 158 cueros de vicuña faenados ilegalmente, publicaron medios de prensa.En los años 60 y con una escasa población de alrededor de 10.000 ejemplares en toda su área de distribución, la vicuña se encontraba en grave peligro de extinción debido a la intensidad de su caza por su valiosa fibra y la falta de medidas de manejo sostenible.Su lana, extremadamente suave, es la más cotizada del mundo –un kilo se cotiza en el mercado internacional entre 350 y 500 dólares (2.436 y 3.480 bolivianos) y en el mercado negro puede valer más–, lo que ha puesto en riesgo a la mayor parte de las poblaciones de vicuañas.La suma de esfuerzos locales, nacionales e internacionales llevó a la recuperación de esta especie y logró que en la actualidad la población conjunta de vicuñas de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú esté cerca a los 500.000 ejemplares.De acuerdo con datos de la XXXI Reunión Ordinaria del Convenio de la Vicuña de 2014, Perú es el país con el mayor número de animales con 208.899 cabezas, seguido por Bolivia con 136.000, Argentina con 63.000, Chile con 60.000 y Ecuador con 5.000 ejemplares de la especie.La vicuña está protegida en Bolivia por la Ley de Medio Ambiente y en el mundo por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) que vela porque el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia.El gobernador Sejas informó que el plan de seguridad para proteger a la vicuña será elaborado por miembros del Ejército y de la Policía e implementado por la Policía Forestal a ser creada; mientras que la propuesta jurídica para endurecer la pena contra quienes guiados por lucro atentan contra la naturaleza será presentada en 15 días, en la segunda reunión que aprobará ambos documentos.Y entre las medidas que formarán parte de ese Plan de Seguridad está la intensificación de controles a los vehículos que provienen de esas regiones, los operativos sorpresivos en los hábitats de la vicuña y la participación de las autoridades originarias. En ese contexto, esa iniciativa en defensa de la vicuña es muy plausible y una apuesta por la vida, porque no debemos olvidar ni un instante que si una especie se extingue, es un paso más en el camino de la propia extinción del hombre.