Seguridad ciudadana

Y para que un gobierno pueda cumplir fielmente con ese mandato de la Constitución Política del Estado es imprescindible que las tareas en materia de seguridad sean asumidas no como acciones circunstanciales sino como política de Estado.Es decir, que independientemente de quién se desempeñe...

Y para que un gobierno pueda cumplir fielmente con ese mandato de la Constitución Política del Estado es imprescindible que las tareas en materia de seguridad sean asumidas no como acciones circunstanciales sino como política de Estado.Es decir, que independientemente de quién se desempeñe como máxima autoridad del Ministerio de Gobierno, esas acciones deberían ser continuadas por el sucesor, sin que ello signifique un impedimento para cualificar, ajustar e incluso reorientar la ejecución de las tareas desarrolladas por el antecesor, pero en el marco de una política de Estado definida para dar seguridad a las y los bolivianos.Y esto es precisamente lo que no se percibe por las últimas declaraciones del actual ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien anunció que “retomará” su anteproyecto de ley de reestructuración de la Policía Boliviana que habría sido archivado por su sucesor en el cargo Jorge Pérez (julio 2014 – enero 2015) y por su antecesor Hugo Moldiz (enero 2015 - mayo 2015).Romero renunció a su primera gestión al frente del Ministerio de Gobierno a mediados de julio de 2014 para habilitarse como candidato a primer senador por Santa Cruz en las listas del Movimiento al Socialismo (MAS) y resultó electo. “La propuesta de transformación que hemos trabajado en mi gestión la estamos retomando, hay un anteproyecto de ley que toca aspectos como la desconcentración, la cualificación de los recursos humanos, las condiciones materiales y la tecnificación”, señaló Romero citado por el diario paceño Página Siete.Además, Romero desmintió que Moldiz haya dejado una propuesta de transformación de la Policía Boliviana, tal como había señalado éste luego de renunciar tras la fuga –en mayo pasado– de Martín Belaunde, en medio de fuertes sospechas de complicidad policial con la huida del empresario peruano, quien finalmente fue capturado y expulsado al Perú donde es procesado acusado de corrupción.El 18 de mayo de 2015, Moldiz había declarado en la ciudad de Cochabamba que “el 25 de mayo vamos a anunciar en la ciudad de Santa Cruz cuál es el camino que seguirá la Policía para su profunda reforma” y adelantó que la misma involucraba cambios normativos y operativos en la entidad del orden a ejecutarse por lo menos hasta el 2020, aunque no dio más detalles.“Sobre la reestructuración de la Policía, vuelvo a ratificar, no había ninguna propuesta de reforma policial en el Ministerio de Gobierno. Es falso que hubiera una propuesta. Había un documento de tres páginas, que caracterizaba a la Policía como colonial y propugnaba una institución anticapitalista y antiimperialista”, dijo Romero, marcando distancias con Moldiz.La corrupción al interior de la Policía Boliviana volvió a ser tema de comentarios negativos entre la población a raíz del descubrimiento de una banda de salteadores conformada por dos policías corruptos y ladrones. Una cámara de la red Unitel sorprendió en La Paz a dos antisociales que tras cometer un violento atraco contra un joven suben a una patrulla policial que los espera y se alejan de la escena del crimen como si no hubiera ocurrido absolutamente nada.Han transcurrido cuatro años desde que en mayo de 2011 el presidente Evo Morales denunciara la existencia de policías corruptos al interior de la Policía Boliviana, pero desde entonces ¿qué acciones concretas han asumido las autoridades del Ministerio de Gobierno para que de una vez por todas reestructurar la Policía Boliviana?Por las declaraciones del actual ministro Romero al parecer más fueron las palabras que los hechos concretos y se desvela una total falta de coordinación del trabajo específico entre el ministro saliente y el entrante. No estamos hablando de autoridades de distintos gobiernos sino de un mismo gobierno, lo que hace patética la situación.En ese contexto, ¿acaso no llegó  hora de asumir que la seguridad ciudadana es tarea fundamental del Estado y como tal la población merece un trabajo diligente, coordinado y exento de cálculos políticos de las autoridades encargadas de cumplir y hacer cumplir ese mandato constitucional?


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