Juicio de responsabilidades

En el año 2009, por un desperfecto en los diques de cola de la empresa minera Manquiri, se contamina la laguna San Sebastián, de donde la Administración Autónoma Para Obras Sanitarias (AAPOS) obtiene el agua para suministrar a la ciudad de Potosí.Nosotros conocimos de este hecho a través de un documento interno de la misma empresa AAPOS de aquel año, que señalaba que dicha laguna había sido “totalmente contaminada” con elevadas concentraciones de zinc y cianuro libre, que por lo mismo debía ser cerrada y tratada químicamente, y que esta información debía ser manejada “confidencialmente para no causar pánico en la población”. Este último hecho, inconstitucional por cierto, que restringe el libre acceso a la información de un desastre ambiental, nos obligó a realizar las investigaciones necesarias para conocer si esa agua contaminada fue suministrada a la población potosina y, si es así, qué efectos ha causado en la salud de las personas, o si el agua contaminada fue anteriormente potabilizada y de qué manera. Y para saber si bajo la política de ocultamiento de la información de AAPOS, existieron o existen otros casos similares de contaminación que estén siendo silenciados.Y esta, nuestra labor fiscalizadora y todo cuanto hemos manifestado a través de los medios de comunicación, que se halla debidamente respaldado por la documentación que la misma empresa AAPOS nos ha proporcionado, es lo que ha despertado el encono de las autoridades arriba señaladas. Más aún cuando el gerente general de AAPOS, de aquel entonces, es el actual alcalde de Potosí por el MAS. Pero este no es un problema personal entre el alcalde y mi persona, ni entre AAPOS y el Legislativo, es un problema que tiene que ver con la salud pública y vida de los potosinos, que nosotros como autoridades nacionales estamos en la obligación de fiscalizar.Por lo mismo, se equivoca el señor Williams Cervantes, burgomaestre potosino, cuando intenta intimidarnos señalando que en el pasado se procesó a quienes osaron hablar de dicha contaminación creando “zozobra” en la población. Se equivoca porque son las leyes las que nos amparan y nuestra ética la que nos obliga a velar por un servicio básico que garantice la salud humana.Asimismo, se equivoca el señor Rolando Montesinos cuando sostiene que nosotros estaríamos intentando desprestigiar a la empresa AAPOS que él conduce. Se equivoca, porque al ser chuquisaqueños, ningún interés personal o político tenemos sobre una empresa a la que desconocíamos hasta antes de conocer este problema. Y porque nuestro cuestionamiento no va dirigido a toda una institución, sino a las personas que tienen a dicha institución bajo su cargo y responsabilidad. Nuestra única intención, expresada meridianamente, es garantizar que el agua que consumimos a diario sea potable, y que la población tenga la certeza de que su salud no corre peligro ingiriéndola. Pero si ellos insisten en iniciarnos un “juicio de responsabilidades”, está bien, les esperamos para enfrentar el proceso que les sea de su mayor agrado, no sin antes escuchar las respuestas a las preguntas que les hemos formulado y que han eludido responder. Nosotros queremos -a través de ésta y otras investigaciones- saber el por qué hay tanto cáncer en Potosí y Chuquisaca, y el por qué en las laderas del río Pilcomayo ha nacido gente y animales con malformaciones. ¿O es que acaso nuestra labor fiscalizadora va a tener que enfrentar a una mafia surgida alrededor de la minería que no sólo intenta sobornar, sino también intimidar?* es diputado nacional.