La mercantilización del espacio público urbano

Un fin lícito, cierto, pero logrado a través de medios que no lo son tanto. Son las zonas circundantes a los mercados donde se desarrollan procesos económico-sociales que si bien revelan una alta pujanza comercial y posibilitan el imprescindible intercambio de productos y moneda, denotan una total carencia de orden y respeto al bien común, fundándose en asentamientos que usurpan el espacio público bajo la lógica del más fuerte, rebasando todo intento de regulación formal. Tal problemática presenta dos dimensiones: una estructural, de atención en el mediano y largo plazo (infraestructura, políticas de empleo, formalización, etcétera), y otra coyuntural, que al afectar de forma inmediata y permanente los derechos de las personas, precisa de medidas urgentes, involucrando a una multiplicidad de actores con intereses en permanente conflicto, malviviendo en un reducido espacio. Entre ellos: propietarios de inmuebles y vecinos (algunos con tiendas en alquiler); comerciantes formales que pagan alquileres, patentes e impuestos; comerciantes informales asentados en aceras y calzadas con espacios fijos distribuidos por los “sindicatos” y legalizados mediante el pago del famoso “sentaje” municipal; comerciantes accidentales que incluyen a los motorizados usados como tiendas rodantes; “sindicatos” instituidos en administradores de facto del suelo público, previamente apropiado y arbitrariamente redistribuido; y, finalmente, los viandantes, actores pasivos con sus derechos de libre tránsito y seguridad limitados. Todos reivindicando legitimidad y legalidad. Desordenado hacinamiento en el que surgen múltiples escenarios de conflictividad: i) propietarios e inquilinos frente a comerciantes informales, tanto fijos como ambulantes, por la limitación de la accesibilidad en perjuicio de su venta; ii) viandantes cuyo espacio de circulación y estacionamiento se ven limitados, peor con un servicio de transporte público deficiente; iii) comerciantes informales disputándose, entre ellos y con sus pares formales, cada centímetro de suelo, pues de ello depende su sustento; iv) transportistas que ante el desorden abusan en el uso de calzadas y aceras, arriesgando a todo ser vivo cercano; v) vecinos -los más afectados- que ven disminuida su calidad de vida, sufriendo, además, una suerte de “prisión domiciliaria”, y para quienes la defensa de sus derechos conlleva el riesgo de ser agredidos por los enardecidos comerciantes; y, vi) sindicatos, ahora constituidos en corporaciones lucrativas y políticamente atractivas, hacia las que vuelcan su interés angurrientos sujetos acostumbrados a vivir del desgobierno, buscando pactar alianzas de “mutuo beneficio” con el poder político.Se instala así un Estado de inseguridad crónica con riesgo tanto para la integridad física de las personas (accidentes producto del desorden peatonal, vehicular y comercial) como para su salud (deficiente manejo de alimentos y residuos sólidos y líquidos, perros callejeros, rabietas constantes, etcétera), además de riesgos patrimoniales (asaltos, robos, depreciación de las propiedades, etcétera). Todo en la senda de la lenta, paulatina e irremediable descomposición de unas relaciones sociales cada vez más desportilladas por la mutua desconfianza y el miedo. Los frágiles equilibrios que apuntalan el pacto local se tensionan hasta el límite y los códigos de comunicación se tornan violentos ante la pasiva mirada de las autoridades locales que prefieren no intervenir, unas veces por miedo a la impopularidad y otras por soterrados vínculos de interés, planteando, en el mejor de los casos,   medidas distractivas sin atacar la raíz del problema. La creciente acumulación de estas tensiones atenta contra el “vivir bien” y tiende a eclosionar  con grave riesgo para la gobernanza urbana.*Iván Carlos Arandia Ledezma es abogado