Soberanía, Argentina, Repsol y Unasur

La semana pasada, según información de la agencia británica Reuters, Repsol canceló su contrato de suministro de gas natural licuado (GNL) por barco con Argentina, lo que obligará al país a salir con urgencia a comprar cargamentos más caros para evitar el desabastecimiento. Repsol acusó a la petrolera estatal argentina Enarsa, encargada de las importaciones del combustible, de incumplir con el contrato de suministro de GNL al “pedir una renegociación de precios y la modificación del calendario del suministro”.Simultáneamente, el Consejo Energético de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), que se reunió entre el viernes y el sábado en Caracas, emitió una declaración respaldando “el derecho soberano de sus miembros en el manejo de los recursos naturales”.La declaración final, “reiteró el apoyo al derecho soberano de los Países Miembros, para el manejo de sus recursos naturales, garantizando la seguridad energética nacional, siendo estos de interés público”.Una declaración protocolaria que, para ser eficaz en la defensa de la “soberanía” aludida, tendría que tener su correlato en los hechos; es decir, al menos  Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú, y los demás países que aspiramos a consolidar la Patria Grande, debiéramos, a su vez, retirar a Repsol o suspender sus actividades en esos países si acaso España o la propia Repsol continúa amenazando a Argentina o pone en práctica las medidas anunciadas en contra de esa parte de la UNASUR. Caso contrario, reiteramos, las coloridas declaraciones sobre el “derecho soberano” se las lleva el viento.En este contexto, el “derecho soberano” a que se refiere la declaración de la UNASUR, obliga también a reflexionar sobre los alcances de esa “soberanía” compartimentada que hasta ahora ejercen cada uno de los países miembros de la novel organización sudamericana. ¿En nombre de esa soberanía, por ejemplo, permitiría la Unasur que cualquier país miembro autorice, sin consultar y lograr la autorización de los demás, la instalación de bases militares norteamericanas? ¿Un acuerdo como la UNASUR, para ser eficaz y efectivo, no debiera obligar a la gestión y destino de los recursos naturales como el gas, petróleo, litio, energía, cobre, y otros, en base al respeto a objetivos de conjunto, regionales, que fortalezcan la capacidad del bloque frente a otros grupos económicos como el asiático, el europeo o el norteamericano (Canada y EE.UU.)? La soberanía debiera, a la luz de estos últimos hechos y acontecimientos, ser repensada en función al interés regional.El conflicto de Argentina con Repsol no es la única prueba a la que están sometidos los trabajos de integración regional, que ya no son simples proyectos sino operaciones concretas en marcha.  Hace una semana se publicaba que la corporación transnacional minera McEwen Mining con sede en Toronto, podría enfrentar problemas ligados al financiamiento de la segunda etapa de su proyecto El Gallo en México debido a la normativa sobre repatriación de fondos desde la operación argentina San José, en la que posee un 49%.Si una operación minera en México se afecta porque Argentina está estableciendo normas sobre la repatriación de fondos extranjeros allí invertidos, debemos alertarnos, porque es evidente que mientras nuestra integración avanza, pero a pasos lentos, con trabas políticas, la integración de  las empresas transnacionales, es sumamente ágil y operativa. Tienen a su favor precisamente la compartimentación de la aplicación del concepto de “soberanía”. Mientras siga así, seguimos divididos y, en consecuencia, débiles frente.Ateniéndonos a la reciente declaración de Unasur, Argentina tiene todo el derecho para hacer lo que hizo, con “su petróleo”, que explotaba  Repsol o con “su oro”, que todavía explota la transnacional canadiense McEwen Mining en la mina argentina San José, donde, como ya dijimos, tiene el 49 por ciento. Unasur debe salir en defensa de Argentina o de cualquier otro país miembro, en la medida en que éstos, a su vez, ejerzan su “soberanía” enmarcada en los postulados básicos de la integración que se persigue, lo que significaría que Unasur tendría que tener la facultad de ejercer, a su vez, la soberanía regional, la cual es imprescindible definir para que el proceso no quede trunco, como sus antecesores.