La CIDH en un culebrón

Se busca el lucro en todo, pero aún para la imaginación más afiebrada lucrar con una masacre parece extravagante, inverosímil. Y sin embargo es cierto y se hizo. Bueno, en realidad, siempre se ha hecho, pero esta vez fue descubierto y causó un escándalo difícil de tapar. Vamos a contarlo.Los autores materiales de la masacre de Mapiripan, un pequeño pueblo colombiano, fueron los paramilitares, grupos armados y entrenados para supuestamente combatir a las guerrillas sin las limitaciones de las fuerzas armadas institucionales. Lerdas y poco eficientes para esa modalidad de lucha.Los autores intelectuales de todo son los políticos tradicionales colombianos, incapaces de solucionar en forma pacífica las profundas brechas sociales en ese país, donde la concentración de riqueza en pocas manos es uno de los factores principales para el malestar popular.Pero el remedio resultó peor que la enfermedad, porque los paramilitares muy pronto se convirtieron en pandillas criminales que cometieron atropellos de toda índole, crímenes todavía impunes. Llegaron a “tener” más de un tercio del Poder Legislativo colombiano, “elegido” con sus violentos métodos de coacción y asesinato. Eso sin contar a alcaldes y gobernadores, cuyos vínculos paramilitares continúan hoy apareciendo, pese a haberse teóricamente “desmovilizado” el paramilitarismo hace años.Esos, grosso modo, son los protagonistas centrales. Pero aquí viene lo patéticamente pintoresco: Reconocida y admitirá la vinculación del ejército y entidades oficiales en los excesos del paramilitarismo se planteó esta figura: Cuando el Estado admitió su responsabilidad en esas masacres, les abrió la puerta a reclamos de  indemnización. Muchos abogados se sintieron “en su salsa” y se multiplicaron las demandas. Por la masacre de Mapiripan plantearon demanda ante otro protagonista de dudosa reputación: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que hace parte de la OEA y ante la cual, como dijimos hace unos días, ahora “apelan” políticos que en sus países son juzgados y condenados, pero no se “resignan” a pagar su culpa. En Bolivia tenemos muchos casos de esos y en Tarija también los conocemos.Vamos llegando al nudo del asunto. La Corte Interamericana, ante la demanda de una ONG llamada “colectivo de abogados José Alvear” condenó al Estado colombiano a pagar millonarias indemnizaciones. Y comenzaron los pagos, por supuesto con una jugosa tajada del 30% para los abogados.Ganarle demandas al Estado se ha vuelto tradición en muchos países y Colombia no es la excepción. Pero el Estado, mal que bien, sabe defenderse y allí acaba de comprobar que algunos de esos “masacrados”, por los cuales pagó millonaria indemnización, no están muertos, andaban de parranda.Ya se plantearon las contrademandas, intervinieron con punzantes comentarios del presidente de Colombia para abajo y habrá que esperar el resto de esta historia que en truculencia y suspenso compite con cualquier culebrón televisivo.¿Perderá su ya mermada credibilidad la CIDH? ¿Les cobrarán al colectivo de abogados su espectacular chicana? No se pierdan los próximos capítulos.