Culpables por omisión

No de los tarijeños de a pie, que poco podían hacer antes de su inclusión al menos como sujetos de control social, sino de los dirigentes, de los que ganan muy bien para ocuparse de esos problemas. Y de solucionarlos, que sería lo ideal. Esto viene a cuento por un trabajo reciente de Gustavo...

No de los tarijeños de a pie, que poco podían hacer antes de su inclusión al menos como sujetos de control social, sino de los dirigentes, de los que ganan muy bien para ocuparse de esos problemas. Y de solucionarlos, que sería lo ideal.

Esto viene a cuento por un trabajo reciente de Gustavo Rodríguez, cuyo análisis (publicado por la plataformaenergètica.org,) sostiene con cifras concretas que en el periodo 1998 - 2006, cuando las transnacionales petroleras tenían amplio margen de actuación, perforaron sólo 235 pozos, un promedio de 26 por año; en cambio, para un periodo similar de nueve años, entre los años 1987 - 1995 previos a la privatización de la industria se perforaron 244 pozos a un promedio de 27 pozos por año”.

La diferencia no sólo es cuantitativa: los pozos perforados por YPFB fueron esencialmente pozos exploratorios - la fase más riesgosa del negocio petrolerao -, que permitieron a la estatal el descubrimiento de las reservas gasíferas y petrolíferas. Los siguientes, perforados entre 1998 - 2006, fueron básicamente pozos destinados a explotar lo ya descubierto. Le llaman también pozos de desarrollo de campos petroleros.

No son afirmaciones abstractas ni se prestan para especulaciones. La privatización (llámenla capitalización o como quieran) fue Jauja para las corporaciones petroleras que se dedicaron a extracción de lo descubierto por YPFB sin asumir riesgo alguno. Luego, el año 2007, se confirmó que las "inversiones" en desarrollo de campos, además fueron infladas, fictas y, en varios casos, hasta fraudulentas. Estos costos ficticios o fraudulentos ahora siguen pagándose con la producción de hoy mismo, pese a que fueron descubiertos por las auditorías petroleras. La responsabilidad de hacer valer los derechos de los departamentos productores, que ven mermados sus ingresos por esta razón, es también de los dirigentes y autoridades departamentales y no sólo del gobierno central.

Más adelante, Rodríguez llega a esta conclusión, que compartimos: “Posiblemente el único megacampo realmente descubierto por una empresa extranjera en el país sea Margarita (...) En resumen, antes de la privatización de la industria ya se tenía certeza del potencial hidrocarburífero de tres de los megacampos, el otro aunque no hubiesen cambiado las condiciones, igual iba a ser descubierto más temprano que tarde; por lo que no se puede afirmar que la apertura de la industria al capital extranjero posibilitó el aumento de las reservas hidrocarburíferas en el país”.

Y ahora metámonos con la relación causa-efecto. ¿Cómo pretenden explicar su costosa negligencia los “dirigentes” de Tarija en ese periodo 1998-2006? Estamos aludiendo a todos: prefectos, congresistas, “líderes cívicos” que en todos los casos estuvieron, además, muy bien pagados para hacer lo que no hicieron. Hubo un "cívico" en especial, que ahora se dedica a distraerse con denuncias sin ton ni son, que tuvo hasta la osadía de defender el precio de un dólar por millón de BTU de gas vendido al Brasil, cuando esos momentos Argentina pagaba más de tres. Argumentó, sin rubor en la cara, que el precio gaucho era "político". ¡Vaya forma de defender los intereses tarijeños!

Ese “dejar de hacer” es también materia para juicios de responsabilidades. La omisión a veces le resulta al país más onerosa que las acciones torcidas. Que también las hay. Y muchas.

Si no pueden explicarlo y van a alegar “persecución política”, pues que hagan el berrinche, porque nosotros creemos que SÍ, hay que perseguir, luego juzgar severamente y por último sancionar a quienes además se arrogaron el apelativo de “clase dirigente”.

Insistimos. Hay que juzgar a quienes cometieron actos ilegales desde su posición de poder, pero también a los que por no hacer nada tienen toda la responsabilidad de los costos de oportunidad sufridos por Tarija y por el país.

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Ese “dejar de hacer” es también materia para juicios de responsabilidades


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