Órgano judicial independiente

puesto que tanto las normas como los procesos jurídico-administrativos han sido tratados en función a interpretaciones e intereses políticos. La información que disponemos, muestra que tanto los administradores de justicia como lo procesos son pasibles de convertirse en escenarios e instrumentos de estrategias políticas; por la predisposición e intervención excepcional de los administradores de justicia en los casos de corrupción, difamación, acusación formal a autoridades elegidas, restitución de cargos, etc. que llama la atención por lo visible y protagónico de sus actuaciones, frente a una justicia invisible –con muchos casos acumulados- y con una tendencia al automatismo e ineficiencia.

 

Ello se suma a la sensación de escasa voluntad de generar debate político plural, y a la impresión de que se estuvieran forzando los instrumentos jurídicos, como es el caso de  declaraciones en diversa jurisdicciones con traslados que involucran un gasto adicional al Estado y son innecesarios. Estos hechos solo causan daño a la imagen del órgano judicial, que además de ser lento y lejano a la mayoría de quienes litigan a diario, ahora también se ha vuelto político y sirve de instrumento a intereses hegemónicos.

 

Persiste entonces una pregunta obvia ¿existe un órgano judicial independiente ó estamos ante un momento histórico de judicialización de la política o de politización de la justicia?. Evidentemente estamos ante un contexto histórico especial y muy complejo para la vida democrática de nuestro país, donde existe una tendencia protagónica del poder político a ampliar su esfera de control y transgredir la coordinación gubernamental que debiera existir con el órgano judicial; situación que preocupa, toda vez que la misma constitución garantiza la independencia de los órganos promoviendo la ecuanimidad, imparcialidad y la garantía de los derechos a todos los ciudadanos.

 

La intención a largo plazo es que  las leyes aprobadas –como la Ley Marcelo Quiroga, la Ley marco de Autonomías, la Ley del Órgano Electoral y las relacionadas con la discriminación y racismo- eviten los abusos de los actores políticos y la renovación de viejas costumbres políticas, para avanzar en el ejercicio de nuestros derechos, como una condición fundamental para vivir en democracia.

 

DESTACADO

 

las leyes y el derecho han dejado de ser una regla general para toda la comunidad