Esperar, no desesperar

Es que parecería que no llegan a tomar conciencia de que los servidores públicos son eso: “servidores” a quienes se paga un sueldo, generalmente desproporcionado para sus escasas capacidades laborales y a quienes se puede exigir, inclusive penalmente, que cumplan sus obligaciones.

Si se pudiera medir, cuantificar, lo que los funcionarios públicos le cuestan al Estado y lo poco que realmente producen a cambio de lo que cuestan, pocos, muy pocos, quizás ninguno se salvaría de ser enjuiciado y condenado por los daños económicos que le causó al erario público durante su tiempo de “gobierno”.

La elección de gobernantes es, en la práctica, un contrato entre la sociedad que confía en quienes aspiran a ser elegidos y cree que cumplirán lo que ofrecieron, que es por eso que los eligen y no por su perfil griego ni por su estilo de peinado.

Luego, los administradores de la “cosa pública” en algún momento tienen que rendir cuentas y es mejor que lo hagan temprano, porque mientras más se posterga la hora de los balances, más complejos se volverán y los saldos en contra (esta vez en contra del administrador –léase político que no cumplió-), crecerán.

Hemos tomado a Chito Valle como ejemplo, porque su paso por la prefectura de La Paz fue especialmente escandaloso, pues llegó a instalar allí inclusive una lujosa “garzoniere” para su uso privado.

Con el agravante de que Chito no fue elegido para ser prefecto. Bueno, en realidad quien lo eligió el padre de su esposa, su suegro, Hugo Banzer, a quien colateralmente habría que pasarle factura por lo desatinos que hizo su yerno y por lo que tales desatinos le costaron al Estado Boliviano. Pero Banzer ya está enfrentando otra forma de justicia. Más allá.

Todavía no hemos visto ni una milésima parte de lo que con seguridad nos hará conocer la Ley de Investigación de Fortunas, o Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Aún no se ha aplicado a plenitud en ninguno de los muchísimos casos de corrupción que además no son ningún secreto, pues muchos de quienes se enriquecieron con las arcas fiscales no tuvieron ni siquiera el elemental decoro de disimularlo.

Y no estamos haciendo “prejuicios” políticos, porque entre quienes tendrán que en algún momento sentarse en el banquillo de los acusados por hacer daño al Estado que les confió el manejo  de sus intereses, hay políticos de todos los pelambres, de todos los colores y de todas las tallas.

La ventaja adicional en esa ley para investigación de fortunas y corrupción (que los ciudadanos tuvimos que esperar durante más de veinte años de tránsito difícil,  casi imposible, heroico en todo caso por los recintos legislativos), es que los delitos de que ocupa y se ocupará no prescriben.

Será cuestión de tener paciencia y por ahora limitarse a llevar un registro serio y cuidadoso de quienes deberían ser investigados, juzgados y condenados.

Pueden estar seguros de que la lista es larga. Larguísima.