La sacrificada marcha indígena
a la espera de que sean atendidas sus demandas de autonomía plena indígena, derechos sobre la tierra y el cumplimiento de las prerrogativas que la nueva Constitución Política del Estado les concede de ser consultados para una eventual utilización de sus tierras para la explotación de...
Pero esta vez son pocos los que quedan de la primera marcha a la que en ese momento se sumo el actual presidente Evo Morales en su calidad de dirigente de los productores de coca. Hoy la mayoría son los hijos de aquellos campesinos que demandaban una Asamblea Constituyente y el reconocimiento del derecho de las etnias sobre las tierras que habitan, además de la oposición a la erradicación forzosa de la coca.
Los marchistas, la mayoría pertenecientes al CIDOB, que agrupa a los indígenas de las etnias del oriente y las tierras bajas, se proponen llegar hasta la ciudad de La Paz, en un recorrido de mas de mil 200 kilómetros, en los que en el pasado recibían a cada paso, la solidaridad traducida en la curación de sus ampollas o heridas en los pies, alimentos y abrigo, tanto de las comunidades rurales, como de las ciudades que atravesaban. Hoy no ocurre lo mismo, la división política ha hecho que algunos grupos que comenzaron la marcha deserten ya sea por intimidación o convencimiento. El mismo Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq), que agrupa a los pueblos originarios de occidente, ofrece un tímido apoyo a los marchistas, ya que parecen poco convencidos de la certeza de las demandas.
El gobierno debe buscar el desarrollo armónico del país, y de todas las regiones, buscando la igualdad de derechos y prerrogativas para todos los bolivianos, idea que también encuentra contradicciones con la CPE, que prevé privilegios para algunos sectores.
Esto ha hecho que el gobierno, que al que no le puede acusar de estar en contra de los intereses y derechos de los indígenas y campesinos, se vea obligado a rechazar gran parte de las demandas, y hasta llegó a acusar al CIDOB de estar involucrado con planes desestabilizadores.
La titulación de tierras y la garantía de autogobierno, que son otras de las banderas que lleva la marcha, también encuentran resistencia por una parte, en la concepción del paquete de Leyes fundamentales que el Gobierno y la Asamblea Legislativa están empeñados en aprobar hasta julio. Lamentablemente, no ha habido una voluntad de diálogo que permita explicar las dificultades y contradicciones en los pedidos de los marchistas, así como una absoluta incomprensión para atender aquello que es posible. Se ha permitido que crezca el conflicto, que lo único que consigue, es martirizar y enfrentar a los hermanos indígenas y desgastar al gobierno. Sin duda hay un mal asesoramiento en el Órgano Ejecutivo que no ha sabido encaminar este problema por mejor camino.
Por ejemplo, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), tiene documentación que sostiene que los pueblos indígenas de las tierras bajas que marchan hacia La Paz por territorio y autonomía plena, recibieron la mayor cantidad de las tierras fiscales revertidas y expropiadas a los terratenientes. Desde 1996, de los 40 millones de hectáreas de tierra fiscal saneada y titulada, el INRA consignó 16 millones de hectáreas para los pueblos indígenas originario campesinos del país. Los más beneficiados han sido las comunidades que se aglutinan en la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) con 11,5 millones de hectáreas aproximadamente.
