Operativo contra Mariaca abre el caso Marset dentro del Estado

La investigación sobre los vínculos del narcotráfico con autoridades bolivianas ingresó la noche del miércoles en una nueva fase con la aprehensión del fiscal general del Estado, Roger Mariaca; el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; y el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo.

Mariaca y Zeballos fueron interceptados en el aeropuerto internacional de Viru Viru, cuando llegaban a Santa Cruz procedentes de Sucre. Fuentes policiales confirmaron las aprehensiones, aunque hasta el cierre de esta edición todavía no se conocía oficialmente el motivo concreto del operativo, la autoridad que dispuso las medidas ni el lugar al que fueron trasladados.

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En paralelo, se produjo una intervención de instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Sucre y de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, con participación de efectivos policiales sin acompañamiento fiscal. Reportes periodísticos también registraron presencia de Interpol en Viru Viru. Las circunstancias y el alcance jurídico de estos operativos todavía no fueron explicados oficialmente.

Bolivia se encuentra en un Estado de Excepción que autoriza este tipo de operativos.

Del Castillo también fue aprehendido

A la operación contra los dos fiscales se sumó la aprehensión del exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, quien estuvo al frente de esa cartera durante buena parte del gobierno de Luis Arce.

La inclusión de Del Castillo adquiere especial relevancia porque el exministro aparece mencionado en los antecedentes relacionados con las investigaciones sobre Sebastián Marset. Durante los primeros días posteriores a la captura del narcotraficante uruguayo, la Policía anunció que profundizaría las investigaciones sobre las personas que pudieron haber tenido contacto con él durante su permanencia en Bolivia.

Marset fue capturado el 13 de marzo en Santa Cruz y posteriormente trasladado a Estados Unidos. El operativo fue ejecutado por autoridades bolivianas, mientras que agentes de la DEA participaron en su traslado al país norteamericano.

Las declaraciones de Marset, en el centro

Según información atribuida a fuentes vinculadas con la investigación, el punto de partida de la actual operación serían las primeras declaraciones entregadas por Marset después de su captura en marzo, cuyo video ha circulado en las últimas horas. En el mismo, efectivos policiales le preguntan a Marset sobre las llamadas que recibía incluido Mariaca y Marset responde que es “su amigo”.

Esos testimonios, que habrían sido obtenidos posteriormente a su detención y puestos a disposición de autoridades estadounidenses y bolivianas, estarían siendo contrastados con información acumulada durante las investigaciones sobre la estructura que permitió al narcotraficante permanecer durante años en territorio boliviano. Los abogados de la defensa de Marset pidieron ya el 18 de septiembre que se retiraran como prueba aquellas declaraciones al considerarlas hechas dentro de un estado de shock.

Sin embargo, cabe reiterar que hasta el cierre de esta edición no se conoció públicamente el contenido íntegro de esas declaraciones ni cuáles serían las acusaciones concretas formuladas contra Mariaca, Zeballos o Del Castillo.

Por ello, no puede establecerse todavía si las aprehensiones responden exclusivamente a las declaraciones de Marset o si forman parte de una investigación más amplia.

La presión de Estados Unidos

El operativo ocurre además apenas tres días después de que Estados Unidos anunciara la revocación de visas y restricciones de ingreso contra varios funcionarios bolivianos.

Entre ellos se encuentra Mariaca, a quien el Departamento de Estado estadounidense acusó de corrupción vinculada con la protección del narcotráfico. Washington sostuvo que el Fiscal General habría solicitado y aceptado sobornos para facilitar actividades de narcotraficantes y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. Mariaca rechazó las acusaciones y las presentó como una forma de presión sobre su gestión.

Zeballos también fue incluido entre los funcionarios afectados por las restricciones estadounidenses, aunque Washington no hizo pública una acusación individual contra él.

La Fiscalía General negó además este miércoles una versión según la cual Mariaca se habría reunido con Marset poco antes de su extradición y exigió que se presenten pruebas que sustenten esa afirmación. Posteriormente se identificó a la jueza Livia Alarcón como la persona que hizo ese contacto.

La coincidencia temporal entre las sanciones estadounidenses y el operativo boliviano constituye un elemento de contexto, pero hasta ahora ninguna autoridad ha confirmado oficialmente que ambos hechos estén relacionados.

El factor Cerimedo

En el mismo contexto, Mariaca fue el principal promotor de la detención de Fernando Cerimedo, ex asesor principal del presidente Rodrigo Paz Pereira. Cerimedo fue acusado primero de tentativa de Feminicidio, posteriormente de enriquecimiento ilícito y posteriormente, vinculado a una investigación sobre supuestas autorizaciones de narcovuelos en el Beni.

La relación entre Fiscalía y Gobierno se enrareció a partir de la detención precisamente de Sebastián Marset, que se llevó a cabo sin intervención fiscal. Desde entonces se desató también una cruenta batalla por el control territorial en el oriente boliviano.

Cerimedo, consultor político alineado a la ultraderecha se ha jactado en varias ocasiones de tener relaciones con el gobierno de Estados Unidos y fue uno de los pro0motores principales de la adhesión de Bolivia al denominado “Escudo de las Américas”, una alianza militar liderada por Estados Unidos para supuestamente luchar contra el narcotráfico y proteger inversiones.

Gobierno hablará a las 06:30

Ante la dimensión del operativo, el Gobierno convocó a una conferencia de prensa para las 06:30 de este jueves en el Ministerio de Gobierno.

La comparecencia será la primera oportunidad para que el Ejecutivo explique oficialmente el alcance de la operación y determine si las aprehensiones forman parte de una investigación por narcotráfico, corrupción, protección a organizaciones criminales u otros delitos.

También deberá aclarar el papel de la Policía, la Fiscalía y otras instituciones en el operativo y explicar si existe cooperación internacional.