Paz promulga ley que devuelve al Gobierno central el pago de prediarios y bono de vacunación

La norma dispone que el Ministerio de Gobierno asuma los prediarios y el funcionamiento del régimen penitenciario, mientras Salud se hará cargo del bono de vacunación. Las obligaciones generadas antes de 2026 seguirán bajo responsabilidad de las gobernaciones.

El presidente Rodrigo Paz promulgó este miércoles la Ley de Retorno Económico, que establece que el Gobierno central asumirá desde la gestión 2026 el financiamiento de los prediarios, los gastos de funcionamiento del régimen penitenciario y el bono de vacunación, obligaciones que hasta ahora eran asumidas por los gobiernos autónomos departamentales.

El acto se realizó en Palacio Quemado y contó con la presencia de gobernadores de los distintos departamentos del país.

La norma establece que el Ministerio de Gobierno asumirá el costo de los prediarios y los gastos de funcionamiento del régimen penitenciario a nivel nacional. Asimismo, el Ministerio de Salud y Deportes financiará el bono de vacunación, de acuerdo con sus atribuciones y la normativa vigente.

Paz señaló que la norma forma parte de una iniciativa de su Gobierno orientada a avanzar hacia el “fin del centralismo”.

Uno de los efectos de la ley será la liberación de recursos que las gobernaciones destinaban a estas obligaciones. De acuerdo con el Gobierno, cerca de Bs 209,5 millones podrán ser reasignados a áreas prioritarias como salud, sistema penitenciario, vacunación, gestión operativa y atención de emergencias.

Sin embargo, la transferencia de responsabilidades no incluye las obligaciones generadas con anterioridad. La ley establece que las deudas por prediarios, funcionamiento penitenciario y bono de vacunación correspondientes a gestiones anteriores a 2026 continuarán siendo asumidas por los gobiernos autónomos departamentales, conforme a la normativa vigente al momento en que fueron generadas.

La promulgación fue presentada por el Gobierno como una medida de alivio fiscal para las gobernaciones y como parte de un proceso de redistribución de responsabilidades entre los diferentes niveles del Estado.