El rol de la embajada
¿Quién es y por qué han vetado en EEUU al Fiscal General Roger Mariaca?
El Fiscal General recibió recientemente reconocimiento de varias instituciones cruceñas. Elegido hasta 2030, solo saldría del cargo en caso de juicio de responsabilidades
Roger Mariaca fue elegido Fiscal General en octubre de 2024 con una mayoría muy cualificada en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El hasta entonces fiscal departamental de Santa Cruz recibió el apoyo mayoritario de las bancadas del MAS (evistas y arcistas), pero también de la mayoría de diputados del Creemos de Luis Fernando Camacho y algunos de Comunidad Ciudadana.
Mariaca nunca fue discreto y en su gestión labró muchos enemigos, pero también algunos amigos. A estas alturas sería un exceso considerarlo leal a algún partido o deberle el cargo a alguien: El Ministerio Público lleva tiempo manejándose como un poder aparte.
En la última efeméride de Santa Cruz compartió actos con la institucionalidad departamental y recibió reconocimientos del alcalde Mamén Saavedra y de la Brigada Parlamentaria entre otros.
La decisión de la secretaría de Estado comunicada a través de las embajadas implica la restricción de visados para ciudadanos extranjeros porque en su criterio “socavan a los gobiernos elegidos democráticamente en los países del hemisferio occidental". El texto de la embajada dice que Mariaca “abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia. Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo”. Sin embargo, esta determinación, incluyendo las acusaciones, no forman parte de un proceso judicial ni se ha requerido su extradición, al menos por el momento.
El Fiscal General fue electo por seis años en la Asamblea y es uno de los pocos cargos institucionalizados, es decir, que no puede ser apartado de su cargo salvo que medie un juicio parlamentario de responsabilidades. Abrirlo tras la intimación de Estados Unidos tendría ciertas connotaciones respecto a la soberanía nacional.
Se desconoce si el tema está coordinado con el Gobierno de Bolivia o en el marco del denominado “Escudo de las Américas”, pero lo cierto es que las relaciones entre el Ministerio Público y el gobierno de Rodrigo Paz no han sido las mejores, especialmente en las cuestiones ligadas al narcotráfico.
El momento más controvertido tuvo lugar durante la operación en abril que acabó con la detención de Sebastián Marset en el centro de Santa Cruz. Operación realizada por la Policía sin conocimiento de la Fiscalía.
En junio la guardia portuaria de Chile informó de una de las mayores operaciones antinarcóticos de la historia hablando de hasta 100 toneladas de cocaína impregnada en más de mil toneladas de madera procedente de diferentes empresas madereras bolivianas. Nadie en Bolivia estaba al corriente de la operación y solo unas semanas después, el asunto se despachó sin detenidos.
En agosto la Fiscalía detuvo a Fernando Cerimedo, asesor personal del presidente Rodrigo Paz Pereira y con vínculos en el aparato estratégico de Donald Trump. La primera acusación tuvo que ver con el intento de feminicidio de Nadia Beller. Después se abrió una investigació0n por enriquecimiento ilícito, y Mariaca anunció investigación sobre supuestos vínculos de Cerimedo con un caso de narcoavionetas en Beni, supuestamente autorizadas irregularmente desde el poder político.
La intervención de Estados Unidos se produce luego del tercer cambio de encargado de negocios de la embajada en Bolivia; días después de la polémica participación del presidente Paz en la ONU y sus eventos anexos; pero también mientras sigue una sangrienta lucha por el territorio en el oriente del país y se negocia la reactivación de la Hidrovía del Paraguay, la principal infraestructura que utilizaba Sebastián Marset en sus operaciones.











