Constructores plantean ajustar 60% el costo de las obras por el “dieselazo”

La Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) y la Asociación de Constructores Civiles de Tarija (ACCT) plantean un nuevo reajuste de hasta 60% en los costos de proyectos, obras civiles y mano de obra, debido al incremento del precio del diésel de Bs 9,80 —precio subsidiado— a Bs 17,95 para todos los consumidores, dispuesto mediante el Decreto Supremo 5716.

El presidente de la SIB, Pascual Velázquez, señaló que solicitarán al Gobierno nacional una reunión con los ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Obras Públicas para analizar un nuevo reajuste de los costos de proyectos y obras civiles, tomando en cuenta el impacto que tendrá el incremento del combustible.

Según el representante de los ingenieros civiles, los proyectos viales, como la apertura y mantenimiento de caminos, la construcción de asfaltos y puentes, son los más afectados por el Decreto Supremo 5716, que elimina la subvención al diésel. Esta situación obliga a revisar los costos de materiales y combustibles, además de la mano de obra y los servicios generales.

El presidente de Caboco, Jaime Del Llano Argote, informó que plantearon al Gobierno cinco medidas urgentes para el sector de la construcción tras el incremento del precio del combustible. Entre ellas está la paralización temporal justificada de proyectos, que permita suspender determinadas obras sin multas, sanciones ni ejecución de boletas de garantía.

Asimismo, plantean un reajuste de los precios mediante una fórmula polinómica, que permita actualizar los costos de los contratos públicos. También demandan la posibilidad de resolver contratos sin responsabilidad cuando continuar con una obra resulte técnica o económicamente inviable.

Una cuarta medida consiste en exigir garantías presupuestarias y el pago oportuno de las planillas correspondientes a proyectos vinculados con instituciones públicas. Finalmente, el sector demanda una nueva Ley de Contrataciones que sustituya al actual Decreto Supremo 181 y establezca reglas para afrontar variaciones extraordinarias de costos.

Entre tanto, el representante de la ACCT, Dante Cuevas, informó que el incremento del diésel afectará a miles de trabajadores por cuenta propia y podría dejar sin empleo a albañiles, gasistas, plomeros, electricistas, plaqueros, soldadores y carpinteros, debido a que varios proyectos y obras se paralizarán hasta modificar las hojas de costos.

El representante de los constructores señaló que los materiales de construcción, como arena, ripio y grava, se incrementaron en 40%. Explicó que una volqueta de cuatro cubos de ripio, que antes costaba Bs 800, ahora supera los Bs 1.200. A ello se suma el aumento de hasta 40% registrado en los precios de productos de la canasta familiar en los mercados municipales, por lo que el sector advirtió que el costo de la mano de obra podría subir entre 40% y 50%.

Municipios sin recursos para equipos y vehículos

Los municipios rurales del departamento de Tarija, al igual que otras alcaldías del país, se quedaron sin presupuesto suficiente para la compra de diésel destinado al funcionamiento de maquinaria pesada y vehículos de uso oficial, tras la decisión del Gobierno de eliminar la subvención al combustible.

El alcalde de Yunchará, Pascual Díaz, informó que determinaron paralizar los trabajos de mantenimiento, limpieza y ripiado de carreteras. Además, suspendieron el transporte escolar y las visitas en vehículos oficiales a los diferentes distritos, debido a que no cuentan con recursos para adquirir diésel a Bs 17,95, como establece el Decreto 5716.

Ante esta situación, la Federación de Campesinos convocó a un ampliado departamental para este martes 28 de septiembre en la ciudad de Tarija, con el objetivo de exigir una solución a la paralización de obras y proyectos municipales y demandar al Gobierno nacional la abrogación del Decreto 5716, que también afecta a las actividades agrícolas.

Entre tanto, la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) anunció que solicitará al Gobierno central un soporte adicional para cubrir el desfase económico provocado por el dieselazo.