A la espera del FMI: plazos, montos y otros detalles

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) dejó de ser solamente una operación financiera pendiente de aprobación legislativa hace ya dos semanas. En apenas cuatro días, Bolivia extendió el Estado de Excepción 90 días (martes 15 de septiembre); promulgó la ley que autoriza el financiamiento (jueves 17 de septiembre) y eliminó la subvención al diésel (viernes 18 de septiembre). Después el presidente Rodrigo Paz Pereira viajó a Estados Unidos durante nueves días. Cuatro los invirtió en la Asamblea General de la ONU, pero también tuvo diferentes reuniones bilaterales donde, se supone, contribuyó a “empujar” la aprobación definitiva del préstamo de 1.900 millones de dólares en el directorio del FMI y, sobre todo, la agilización de los desembolsos.

Las fuentes más optimistas del Gobierno aseguran que los primeros desembolsos podrían llegar en aproximadamente dos semanas. El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, señaló que ese será uno de los primeros momentos para medir cuánto de la agenda internacional comienza a convertirse en recursos concretos.

El FMI no llega solo

El objetivo del Gobierno ya no se limita a los 1.900 millones de dólares del Fondo. Durante su visita a Nueva York, Paz afirmó que las gestiones realizadas con organismos multilaterales permiten proyectar un paquete de “financiamiento”, que en realidad es deuda pública, de hasta 10.000 millones de dólares. La deuda externa contratada en toda la historia de la República sumaba unos 13.000 millones de dólares hasta noviembre de 2025, año en el que el pago de intereses fue mayor al de recursos captados en dólares.

El presidente mencionó alrededor de 4.500 millones de dólares con CAF – de los que viene hablando desde diciembre de 2025 - y otros 4.000 millones de dólares con el BID, además de recursos negociados con el Banco Mundial. El Gobierno señala que estos fondos – a diferencia de los del FMI - estarán destinados principalmente a infraestructura y proyectos productivos. El presidente también dijo en la plenaria de Naciones Unidas que esperaba llegar a 4.000 millones de dólares Reservas Internacionales Netas.

La cifra – señalan fuentes del gobierno en aras de la prudencia - debe entenderse como una cartera de gestiones y financiamiento en negociación, no como dinero ya desembolsado. El acuerdo técnico publicado por el FMI en julio hablaba de un paquete adicional de al menos 5.000 millones de dólares que podría ser catalizado por el programa del Fondo.

El primer costo ya llegó

Mientras el Gobierno busca esos recursos, la población ya enfrenta una de las medidas más sensibles del programa: el retiro de la subvención al diésel. El Gobierno asegura que fue una decisión autónoma, aunque ya en el compromiso estaba fijada la desaparición de la subvención en todos los combustibles desde el 1 de enero de 2027.

El Decreto Supremo 5716 estableció inicialmente el precio en Bs 17,95 por litro, frente a los Bs 9,80 anteriores, y creó un mecanismo para que el precio pueda ajustarse según variables internacionales, aunque el reglamento que debía publicarse en cinco días no ha visto la luz, incumpliendo su propio plazo. Cabe recordar que el precio se fijó con un dólar en 10,02 tras una bajada forzada por la intervención del Banco Central. Esta semana superó los 12 bolivianos, por lo que el cálculo irá al alza.

El impacto no se limita al transporte. En Tarija, por ejemplo, gremiales de Yacuiba reportaron una caída en sus ventas y se declararon en emergencia, mientras la dirigencia del transporte pesado analiza el incremento de sus costos y por tanto, de fletes y tarifas.

Desde la Central Obrera se advierte que el problema económico es directo: el combustible más caro eleva los costos de transporte y producción y puede trasladarse progresivamente a alimentos, servicios y bienes.

¿Qué debe hacer ahora Bolivia?

El programa del FMI tiene una duración de 36 meses y busca reconstruir reservas, reducir las vulnerabilidades fiscales y externas, modernizar el régimen monetario y cambiario y fortalecer el sistema financiero. Esto implica apalancar dólares en las RIN.

El Fondo plantea además una reducción del déficit fiscal mediante racionalización del gasto y aumento de ingresos, junto con protección social para evitar que la consolidación recaiga sobre los hogares más vulnerables. El as en la manga es el retiro de la subvención. Paz llegó a asegurar que son 55 millones de dólares por semana, pero otros economistas señalan que no será suficiente. Por lo general cualquier ajuste en el gasto público se traduce en despidos, reducción de obra pública y compras, es decir, más desempleo.

La política cambiaria también forma parte del proceso. El FMI señala que Bolivia debe avanzar hacia un régimen cambiario más flexible y reconstruir sus reservas internacionales. El gobierno asegura que genera la confianza suficiente en las empresas para que dejen sus dólares en el sistema nacional y que de esa manera se logrará el objetivo. Cabe recordar que hasta el 21060 incluía la liquidación obligatoria de exportaciones en el Banco Central.

Por eso, las medidas adoptadas durante esta primera semana —combustibles, tipo de cambio, política monetaria y disciplina fiscal— no son decisiones aisladas. Forman parte de un mismo proceso que acabará impactando en las familias.

La pregunta de los próximos meses

Bolivia se encuentra ahora ante una operación de dos caras. Por un lado, necesita los dólares del FMI y del resto de organismos internacionales para fortalecer sus reservas, atender la escasez de divisas y recuperar capacidad de financiamiento.

Por otro, debe ejecutar un ajuste que ya está teniendo consecuencias sobre los costos de transporte, la actividad productiva y el ingreso de los hogares.

El desafío será convertir el financiamiento externo en inversión, producción y empleo, y no solamente utilizarlo para cubrir las urgencias fiscales y externas. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) valoró las recientes medidas para estabilizar la economía, aunque advirtió que existen riesgos de contracción por lo que demandó reformas urgentes para atraer inversiones, fortalecer a las empresas y proteger a los sectores más vulnerables.

El Gobierno habla de hasta $us 10.000 millones para infraestructura y proyectos productivos. El FMI, por su parte, plantea que el programa debe conducir a un crecimiento sostenible impulsado por el sector privado y generador de empleo.

La primera semana dejó una fotografía clara: el dinero todavía está por llegar, pero el ajuste ya comenzó. El éxito del programa dependerá de si los recursos externos consiguen generar suficiente inversión y actividad económica para compensar los costos sociales de la estabilización.