Gobierno pide aprobar crédito del FMI sin presentar las reformas comprometidas

El proyecto de ley remitido por el Gobierno a la Asamblea Legislativa para autorizar el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) abre un debate que va más allá del monto del crédito. El documento plantea un financiamiento de $us 1.369 millones, pero establece que los recursos estarán destinados a respaldar un programa integral de reformas económicas, mientras persisten dudas sobre el contenido y las condiciones concretas de ese programa.

El segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Antonio Loma, confirmó que el proyecto ingresó a la Asamblea y fue derivado a la Comisión de Planificación para su tratamiento. “Se ha leído la nota del presidente Rodrigo Paz remitiendo el proyecto de ley de préstamo con el Fondo Monetario Internacional, por un monto de $us 1.369 millones, destinados a respaldar el programa integral de reformas económicas”, señaló.

La cifra es inferior a los $us 1.900 millones anunciados en julio por el entonces ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, cuando informó sobre el acuerdo a nivel técnico alcanzado con el FMI. En aquella oportunidad también se señaló que Bolivia podría acceder hasta a $us 5.000 millones adicionales mediante otros organismos internacionales.

Para el economista Gonzalo Colque, sin embargo, el aspecto central no está solamente en la diferencia entre $us 1.369 millones y los $us 1.900 millones anunciados inicialmente, sino en el programa económico asociado al financiamiento.

Colque advierte que, al tratarse de un programa de reformas con una duración prevista de 36 meses, el crédito no puede ser entendido como un préstamo convencional destinado simplemente a fortalecer las reservas internacionales. Implica, sostiene, compromisos que pueden involucrar la política fiscal y monetaria, el régimen cambiario, los precios de los combustibles, las metas de inflación y la situación de las empresas estatales, entre otros aspectos.

Desde esa perspectiva, el economista cuestiona que la Asamblea pueda estar llamada a aprobar el financiamiento sin disponer previamente de todos los elementos que permitan evaluar los compromisos asumidos por el Estado boliviano.

El punto de mayor preocupación, según Colque, es que el Legislativo podría terminar aprobando “a ciegas” un programa cuyos detalles, cronograma de desembolsos, metas por tramo y eventuales cláusulas de incumplimiento no están todavía expuestos públicamente.

La observación adquiere relevancia porque el crédito del FMI está vinculado al cumplimiento de las condiciones acordadas dentro del programa. Por ello, el debate legislativo no debería limitarse a determinar si Bolivia necesita o no los $us 1.369 millones, sino también a conocer qué reformas y metas deberán cumplirse para acceder a los recursos.

El Gobierno sostiene que la documentación será puesta a disposición de la Asamblea. El ministro de Economía, Christian Morales, confirmó que el proyecto fue presentado y afirmó que se está complementando la información para que los legisladores conozcan el acuerdo.

“El acuerdo va a ser totalmente transparente en el sentido de que van a poder conocer cuáles son este plan de gobierno que nosotros hemos definido y que el Fondo Monetario ha llegado a validar”, afirmó.

Morales defendió además el financiamiento como una herramienta para fortalecer las Reservas Internacionales y garantizar el flujo de divisas al mercado, con el propósito de contribuir a estabilizar el tipo de cambio.

La Comisión de Planificación deberá ahora revisar el proyecto y sus documentos complementarios. El debate parlamentario tendrá así una doble dimensión: la necesidad de conseguir divisas para enfrentar la actual escasez y, al mismo tiempo, la obligación de conocer qué compromisos asumirá Bolivia a cambio de ese financiamiento.

La discusión de fondo, plantea Colque, no debería ser únicamente cuánto dinero llegará del FMI, sino qué tendrá que hacer Bolivia para recibirlo y qué margen de decisión conservará el país durante los próximos 36 meses.