Pena de hasta 6 años
Plantean modificar la Ley 348 para evitar abusos; diputado señala 61% de casos no comprobados
Tras señalar que el 61% de 130 casos analizados no logró demostrar los hechos denunciados, el diputado Rodrigo Fuenzalida propuso modificar la Ley 348 para fortalecer los controles y evitar procesos sin sustento.
El diputado Rodrigo Fuenzalida informó sobre una propuesta de modificación a la Ley 348, orientada a evitar el uso indebido de esta norma mediante denuncias falsas. La iniciativa contempla cambios en el artículo 100 y busca establecer sanciones para quienes presenten acusaciones sin fundamento, así como para los profesionales que participen de manera irregular en estos procesos.
Según explicó el legislador, la propuesta plantea que, ante una denuncia falsa comprobada, los responsables puedan enfrentar penas de hasta seis años de prisión, además de la obligación de resarcir el daño social y económico causado a las víctimas. Asimismo, prevé la inhabilitación para trabajar en instituciones públicas.
Fuenzalida señaló que dentro de los protocolos de atención se busca incorporar advertencias claras para las personas que interpongan denuncias y para abogados que, según afirmó, han utilizado indebidamente la normativa con el fin de obtener ventajas procesales.
El parlamentario aclaró que la propuesta no pretende debilitar la Ley 348, sino fortalecerla. “No es contra la Ley 348; tiene que ser fortalecida. Es una ley que defiende a las mujeres de todo tipo de violencia”, manifestó.
Asimismo, aseguró que la iniciativa cuenta con respaldo de otros parlamentarios y de sectores de la población que consideran necesario establecer mecanismos para evitar abusos en la aplicación de la norma.
Como sustento de la propuesta, Fuenzalida indicó que se realizaron estudios sobre distintos casos y citó informes de la Defensoría del Pueblo. Según sus datos, de 130 carpetas analizadas, alrededor del 61% no habría logrado demostrar que los hechos denunciados ocurrieron realmente, situación que —a su juicio— ha derivado en detenciones sin suficiente justificación.
El proyecto será debatido en la Asamblea Legislativa, donde se analizarán los alcances de la reforma y su compatibilidad con los mecanismos de protección establecidos para las víctimas de violencia.








