El DS 5503 cae y el Gobierno paga el costo de subestimar a la COB

El Gobierno nacional cerró este domingo uno de los episodios políticos más adversos desde el inicio de su gestión, al acordar con la Central Obrera Boliviana (COB) la abrogación total del Decreto Supremo 5503, la norma con la que había intentado inaugurar su política económica de “orden y responsabilidad fiscal”, prometida en campaña. Tras más de 20 días de movilizaciones, bloqueos y una creciente presión social, el Ejecutivo terminó retrocediendo y aceptando negociar bajo los términos impuestos por el movimiento obrero.

El acuerdo establece la anulación completa del decreto y la elaboración de una nueva norma en un plazo máximo de 48 horas, que mantendrá únicamente algunos ejes centrales como la eliminación de la subvención a los carburantes, la reprogramación de créditos, los bonos sociales y el ordenamiento de la política salarial, pero deja sin efecto los artículos más cuestionados que detonaron el conflicto.

“Por tanto, el tema de levantar el subsidio es una necesidad nacional para poder tener estabilidad y reconstruir el país”, afirmó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, en un intento por sostener el relato gubernamental.

No obstante, el reconocimiento implícito de que el DS 5503 no pudo sostenerse políticamente evidenció la fragilidad de una administración que, en campaña, prometió decisiones firmes y diálogo previo con los sectores sociales.

Veinte días de presión

El conflicto comenzó a escalar tras la promulgación del DS 5503, que eliminó el subsidio a los carburantes y dispuso una serie de medidas económicas y sociales. Luego de las fiestas de fin de año, las protestas se intensificaron hasta alcanzar 69 puntos de bloqueo en todo el país, paralizando rutas estratégicas, afectando al turismo, al comercio y al abastecimiento.

Este domingo, el diálogo se reinstaló en la sede de la Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, en la ciudad de El Alto. Tras varias horas de debate, cerca de las 16:00 se declaró un cuarto intermedio para analizar las propuestas de ambas partes. El resultado fue un acta de compromiso que refleja, más que una salida consensuada, una capitulación política del Ejecutivo frente a la presión sindical.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó que el nuevo decreto será trabajado “en conjunto con las organizaciones sociales del país”, una fórmula que marca un giro respecto al discurso inicial del Gobierno, que defendía la potestad exclusiva del Ejecutivo para definir la política económica y de no retroceder en sus decisiones.

Un acuerdo con desconfianza

El documento firmado establece de manera explícita: “El Decreto Supremo 5503 se abroga en su totalidad”. Asimismo, señala que una comisión conformada por el Gobierno y los sectores movilizados redactará la nueva norma, que se limitará exclusivamente a los aspectos económicos previamente acordados.

A cambio, la COB y las organizaciones afiliadas se comprometieron a levantar de inmediato las medidas de presión, aunque manteniendo el estado de emergencia hasta la promulgación del nuevo decreto. Esta decisión no estuvo exenta de tensiones internas, ya que algunos sectores exigían mantener los bloqueos hasta que la nueva norma sea promulgada.

Las discrepancias quedaron en evidencia durante la lectura del acta, cuando dirigentes de base cuestionaron la confianza en el Ejecutivo. Sin embargo, la postura de la COB, los mineros asalariados y sectores campesinos se impuso, marcando el fin de las movilizaciones.

La COB celebra

Para la Central Obrera Boliviana, el acuerdo representa una victoria política. Su secretario ejecutivo, Mario Argollo, celebró públicamente la abrogación del decreto, al que calificó como “maldito”, y rechazó las acusaciones de haberse “vendido” al Gobierno.

“Todo se ha transmitido de manera pública y transparente, no se ha actuado de espaldas al pueblo boliviano”, aseguró Argollo, destacando el rol de El Alto como epicentro de la movilización social.

El dirigente sindical reconoció las molestias causadas por los bloqueos, pero defendió la protesta como el único mecanismo efectivo para ser escuchados. “Cuando el pueblo se moviliza, se hace sentir”, afirmó, remarcando que el Gobierno reaccionó solo cuando el conflicto alcanzó una dimensión insostenible.

Momentos antes, la tensión se trasladó a las calles, cuando un grupo de Ponchos Rojos increpó a Argollo y asedió su movilidad con chicotes, reflejando las fracturas internas que dejó el conflicto incluso entre los propios sectores movilizados.

Acuerdo
Tras un amplio debate en la ciudad de El Alto, el Gobierno y la COB llegaron a un acuerdo para levantar las medidas de presión respecto al DS 5503

Un triunfo social y un golpe político

Desde la Federación Túpac Katari, su dirigente Vicente Salazar sostuvo que el logro alcanzado pertenece a las 20 provincias paceñas que se movilizaron. “Este triunfo es de las 20 provincias de La Paz que han salido a las calles con valor civil”, afirmó, convocando a fortalecer la unidad entre los distintos sectores laborales y sociales.

Para el Gobierno, sin embargo, el episodio deja una señal inequívoca: la promesa de gobernabilidad basada en decisiones firmes y diálogo anticipado se desmoronó frente a la presión de la calle. La abrogación del DS 5503 no solo representa un retroceso normativo, sino una derrota política sin paliativos, que expone la debilidad del Ejecutivo y su incapacidad para sostener una reforma estructural sin el aval previo de la Central Obrera Boliviana.